La disolución de esas asociaciones, con lo que suman más de 5.670 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018, fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral seis ONG, entre ellas la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), por incumplimientos a las leyes que los regulan, y nueve porque solicitaron su disolución voluntaria.
La UPN, creada por periodistas que apoyaban la revolución sandinista y que obtuvo su personalidad jurídica el 13 de septiembre de 1979, fue disuelta por incumplimiento de las leyes, debido a que no reportaron sus estados financieros de los periodos 2023-2024 y su junta directiva estaba vencida desde mayo de 2017, de acuerdo con la información.
Entre las 15 ONG canceladas se encuentra también la Fundación Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sostenible, la Asociación Héroes y Mártires del Terrero Blanco "Silvestre Ramírez Luna", la Asociación Feria de la Tierra, la Fundación Rainbow Network (Arco Iris), la Asociación Instituto de Investigaciones y Consultorías Económicas y Sociales, Terre Des Hommes Schweiz Suiza, entre otras de cortes religiosos.
Con el cierre de estas ONG suman más de 5.670 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas.