"Estuve aquí en El Salvador hace dos años, pero esta vez vine a visitar a Kilmar y me sentí profundamente decepcionado y francamente enfadado porque no se nos permitió entrar a verle", dijo en una conferencia de prensa Ivey, representante del Estado de Maryland.
El político estadounidense, que se suma a otros cinco congresistas que han visitado El Salvador para conocer la situación y abogar por Ábrego García, publicó antes de su comparecencia un video en X en el que se muestra en la entrada de una prisión, sin precisar si se trataba de la megacárcel del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) u otra.
"Llegamos y hablamos con la gente de la puerta. No quisieron abrir la puerta y dejarnos entrar. Dijeron que teníamos que volver a San Salvador para conseguir un permiso de visita, lo cual no tenía sentido porque yo ya había ido con la gente que se encargaba de las admisiones en la prisión", sostuvo.
Añadió que la semana pasada se reunió con la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, a quien le dijo que quería visitar a Ábrego García.
"Hablamos de la posibilidad de reunirnos con el vicepresidente. Me reuní con él hace dos años, cuando estuve aquí antes. Pero la clave era visitar a Kilmar para asegurarnos de que está bien, para hablar de sus derechos legales", indicó.
Sin embargo, sostuvo que la reunión solicitada con el vicepresidente, Félix Ulloa, tampoco se realizó.
Por su parte, el abogado de la familia de Ábrego García, Chris Newman, pidió "pruebas de que está vivo", dado que no se ha escuchado nada de él desde el 17 de mayo.
El letrado también pidió conocer en qué prisión se encuentra y si está recibiendo tratamiento médico.
"Queremos acceso al señor Ábrego García para que él puede recibir servicios legales. Él tiene un equipo agrande de abogados, que está representándole y ganando en todos las cortes en los Estados Unidos", acotó el abogado.
Ábrego García, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
El salvadoreño es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- expulsados de EE.UU. y enviados a una prisión de alta seguridad sin acceso a su familia ni abogados, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos calificaron como "desaparición forzada".