La investigación fue pedida por la Fiscalía General y aceptada por el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, quien designó como responsable del caso al magistrado Alexandre de Moraes, quien es el principal blanco de las gestiones de Eduardo Bolsonaro ante el Gobierno y el Parlamento estadounidenses.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro se licenció de su escaño en marzo pasado y anunció que pasaría un tiempo en Estados Unidos, donde aún permanece, a fin de buscar "justicia" para su padre y otros referentes de la extrema derecha que responden ante los tribunales por golpismo.
El diputado tiene excelentes relaciones con la ultraderecha estadounidense y se ha valido de su acceso al entorno de Donald Trump para intentar promover sanciones contra algunas autoridades y, en especial, el propio juez De Moraes, también relator del juicio por golpismo contra su padre.
El hijo del exmandatario ha publicado numerosos mensajes en sus redes sociales, en los que aparece junto a legisladores del Partido Republicano que califican a Brasil de "dictadura" y que se dicen proclives a promover sanciones contra el juez.
La semana pasada, durante una comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al Parlamento, el diputado republicano Cory Mills le preguntó si el Gobierno de Donald Trump considera la posibilidad de sancionar al magistrado brasileño por supuestas violaciones de los derechos humanos.
"Hay una gran posibilidad", respondió el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, en una escena que Eduardo Bolsonaro ha reproducido en sus redes sociales.
En el documento en que pidió investigar el asunto, la Fiscalía dijo que "hay un manifiesto tono intimidatorio para los que actúan (en Brasil) como agentes públicos, de investigación o acusación", así como para los "juzgadores de la acción penal" por golpismo que se sigue contra el expresidente Bolsonaro.
Las "evidencias", según la Fiscalía, "conducen a la hilación de que la búsqueda de sanciones contra miembros del Poder Judicial apunta a interferir en el trámite regular de procedimientos de orden criminal, e inclusive de acción penal, en curso contra Jair Bolsonaro y sus aliados".
Bolsonaro y una treintena de sus más cercanos colaboradores responden ante el Supremo por supuestas conspiraciones para impedir la toma de posesión del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria en las urnas en octubre de 2022, cuando derrotó al líder de la ultraderecha, que aspiraba a la reelección.
Según la acusación, esa conspiración habría desembocado en la asonada del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de bolsonaristas destrozaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia para incitar una intervención militar que derrocase al nuevo Gobierno.