Las protestas comenzaron el pasado 14 de mayo, tras la difusión de imágenes que mostraban un estilo de vida lujoso atribuido al hijo del jefe del Gobierno, Temuulen, y a su prometida, quien exhibía bienes de alto valor como bolsos o joyas en redes sociales.
En los últimos días, cientos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, se han congregado en el centro de Ulán Bator coreando consignas contra la corrupción y la falta de confianza en las instituciones, bajo el lema 'demuestra tus ingresos, dimitir es fácil', recogió este martes el diario local Sonin.
La Oficina del Primer Ministro calificó las acusaciones como parte de "una campaña de descrédito", aunque más de 58.000 personas firmaron una petición exigiendo su dimisión.
En paralelo, desde este lunes, se han registrado también protestas convocadas por ciudadanos contrarios a la dimisión del primer ministro.
Oyun-Erdene, que accedió al cargo hace menos de un año tras la victoria de su partido, el Partido Popular Mongol (PPM y heredero del antiguo Partido Comunista), en las elecciones parlamentarias de 2024, se encuentra en una posición delicada después de que tres diputados del Partido Democrático (PD), socio de coalición, expresaran públicamente su apoyo a las manifestaciones.
El líder del PD y actual vice primer ministro, Gantumur Luvsannyam, declaró que las opiniones expresadas por los legisladores no representan a su partido, y ha defendido su derecho a manifestarlas como parte de las libertades políticas.
Según fuentes anónimas citadas por el medio local Shuud, el primer ministro iniciará este jueves los trámites para una moción de confianza a su liderazgo en el Gran Jural (Parlamento).
De acuerdo con algunos analistas, la controversia en torno a la familia del primer ministro estaría siendo utilizada por sectores cercanos al presidente, Ukhnaagiin Khürelsükh, también del PPM, para impulsar un cambio en el equilibrio de poderes del sistema político.
La Constitución mongola limita el mandato presidencial a un único periodo de seis años, pero algunos sectores habrían planteado reformas que permitirían una reelección y un refuerzo del poder presidencial en detrimento del parlamentario.
Las tensiones políticas se producen además en un contexto marcado por el encarecimiento de servicios básicos como la vivienda o la educación y por la inflación (9 % en 2024) en el país, situado entre China y Rusia y donde el 27,8 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza en 2020, según el Banco Mundial.