Según la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, la discusión y votación del dictamen de la reforma que busca hacer legal la interrupción del embarazo se repetirá en la sesión ordinaria inmediata, programada para el 5 de junio.
De persistir el empate, las reglas indican que se reservará para el siguiente periodo ordinario en septiembre próximo y de continuar sin cambios se ordenará su archivo definitivo.
La sesión se desarrolló en un ambiente tenso, con protestas simultáneas de colectivos feministas y grupos provida dentro y fuera del recinto legislativo.
La diputada Rocío Cervantes Barba, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue clave al votar en contra y sumar su voto a los 16 legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el de un diputado local del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que generó el empate al último momento de una discusión que duró más de seis horas.
Durante la sesión, también se archivaron otras iniciativas relacionadas, como la que proponía eliminar de la Constitución local la definición de persona desde la concepción hasta la muerte natural y otra que buscaba establecer la obligación del Estado de prestar servicios de salud sexual y reproductiva, que incluía la interrupción legal del embarazo.
Con esta decisión, Guanajuato se encuentra aún en la lista de nueve estados mexicanos que no han despenalizado el aborto en el país, tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena a los congresos locales armonizar sus leyes con los criterios constitucionales en materia de derechos reproductivos.
Hasta ahora, son ya 22 de los 31 estados del país y la capital Ciudad de México los que permiten abortar como decisión voluntaria antes de la semana 12 y solo Sinaloa hasta la semana 13, para un total de 23.
En 2007, la Ciudad de México fue la primera jurisdicción del país en despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, aunque recientemente el Congreso de la capital puso sobre la mesa la eliminación del plazo para abortar, lo que -para el legislativo local- contribuye a la "criminalización y afecta a las mujeres más vulnerables".
A partir de 2019, la decisión de la Ciudad de México fue adoptada por los estados de Campeche, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Coahuila, Yucatán y Tabasco.