Chambers abandonó el país asiático la víspera, indicaron medios locales, casi dos meses después de su detención, cuando las autoridades incautaron el pasaporte al académico, que perdió su empleo y visa de trabajo.
La Fiscalía tailandesa rechazó esta semana la apelación de la Policía tailandesa a la desestimación de la causa contra Chambers emitida a principios de mayo por un tribunal, que retiró los cargos que se le imputaban, según informó el grupo Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR).
El arresto del Chambers, de 58 años, se produjo el 8 de abril a raíz de una denuncia presentada por el Ejército que le acusaba de vulnerar la ley de lesa majestad por la publicación de un anuncio sobre una conferencia en la que participaba y que giraba en torno a la monarquía y nombramientos militares, sin que se especificara el contenido por el que se presentó la denuncia.
El grupo TLHR, que representa al profesor, argumentó que Chambers no era ni el autor ni quien publicó el anuncio de la conferencia, organizada por el Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur.
El académico, profesor de la Universidad tailandesa Naresuan, llegó a Tailandia por primera vez en 1993 y ha emprendido rumbo de regreso a Estados Unidos.
Recogida en el artículo 112 del Código Penal, la ley de lesa majestad establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero, una de las leyes más draconianas del planeta en este terreno.
El Gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por este caso y reclamó a las autoridades tailandesas "garantizar que las leyes no se utilicen para reprimir la libertad de expresión".
En 2020, un movimiento liderado por jóvenes universitarios salió a las calles de la capital tailandesa para reclamar profundas reformas democráticas en el país y lograron abrir el debate público sobre el papel de la todopoderosa monarquía.
Al menos 278 personas, incluidos menores, han sido acusadas de lesa majestad desde noviembre de 2020, según los últimos datos de TLHR, mientras que otros 1.938 han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas.