La indagación previa "contra funcionarios por determinar" tiene que ver con un contrato firmado por Ecopetrol con Covington & Burling LLP, originalmente con el objetivo de evaluar el impacto que pueden tener en la imagen internacional de la empresa los procesos legales que enfrenta su presidente, Ricardo Roa, quien en 2022 fue gerente de la campaña electoral del hoy mandatario colombiano, Gustavo Petro.
Sin embargo, el contrato "fue modificado, al parecer, sin autorización de la junta directiva, como estrategia para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad", señaló la Procuraduría (Ministerio Público) en un comunicado.
"La indagación fue iniciada a partir de información conocida públicamente en la que se registró que 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluyendo miembros de la junta directiva, habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital y física, el cual estaría asociado al contrato celebrado en agosto de 2024", señala la información.
La existencia de dicho contrato, que fue revelada por el diario El Tiempo, tiene en la cuerda floja a Roa, hombre de confianza de Petro, cuya gestión al frente de Ecopetrol ha sido cuestionada tras divulgarse presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, de la cual fue gerente, y por la supuesta injerencia de su pareja en contrataciones estatales.
Contrato ampliado
Al respecto, la Junta Directiva de Ecopetrol manifestó hoy -en un comunicado- que la empresa "contrató como asesor legal especializado a la firma Covington & Burling LLP, desde el 29 de agosto de 2024, para realizar el análisis de las políticas, procesos y discusiones relacionados con autoridades estadounidenses", ya que desde 2008 la compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York.
"En este proceso no participó el presidente de la compañía. El contrato referido le permite a la Junta Directiva recurrir al asesor cuando lo considere necesario, para asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes", señaló la Junta Directiva de la petrolera.
Según El Tiempo, el contrato inicial con Covington & Burling LLP, por 875.000 dólares, era para evaluar el impacto jurídico y en la reputación de Ecopetrol de investigaciones abiertas contra Roa, pero luego se firmó un añadido que subió el valor a 5,8 millones de dólares.
"Tal y como se verificó en las actas, ni el Comité de Auditoría ni la Junta Directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo. Como consecuencia de lo anterior, la Junta Directiva ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025", añade el comunicado.
El contrato ha llamado también la atención de la Contraloría General (tribunal de cuentas), que hoy le pidió a Roa que, en un plazo de cinco días, le remita información sobre inversiones y contratos de Ecopetrol.
"La Contraloría General de la República, a partir de la información publicada en la página web de Ecopetrol S.A., así como en diversos medios de comunicación y fuentes abiertas, ha tenido conocimiento de varios hechos relacionados con procesos contractuales e inversiones de la compañía que involucran recursos públicos", aseguró la Contraloría en un comunicado.
Al respecto, la Junta Directiva de Ecopetrol aseguró que la compañía, la mayor de Colombia, "colaborará con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos relacionados con esta situación" y subrayó que "las acciones legales en curso buscan preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional".
"Esta coyuntura no afecta los planes ni los proyectos definidos por la empresa y tampoco las expectativas de producción y crecimiento para el año en curso", concluyó el comunicado de la petrolera estatal.