El proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8) exigiría también a los departamentos del alguacil que prestan servicios carcelarios al ICE que firmen acuerdos con la agencia migratoria.
Al menos 234 de los 254 condados del estado estarían obligados a firmar los pactos con ICE, que permitirían a los alguaciles cuestionar el estatus legal de los detenidos, según datos citados por el periódico The Texas Tribune.
La medida aprobada este domingo por los republicanos, que dominan las dos cámaras de la Legislatura, pasó al escritorio del gobernador de Texas, Greg Abbott, que se espera la firme.
Sin embargo, la SB-8 ha generado críticas por parte de los defensores de los derechos civiles y de legisladores demócratas
“La SB-8 no aumentará la seguridad de nuestras comunidades, pero obligará a los alguaciles a realizar el trabajo del ICE en apoyo a los vergonzosos esfuerzos de deportación masiva del gobierno federal”, dijo en un comunicado Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de los derechos fronterizos y de los inmigrantes de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU).
El proyecto también “desviará los limitados recursos” de las fuerzas del orden, conducirá a la discriminación racial y relegará a las víctimas y testigos de delitos a la sombra, agregó la activista.
Un reciente análisis del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) mostró que las políticas de control migratorio adoptada por el gobernador Abbott durante los últimos cuatro años abrieron el camino para la actual política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.
“Texas ha servido como terreno para experimentar con políticas indiscriminadas y cargadas de odio que Trump rápidamente adoptó tras su reelección a nivel nacional y que también han infectado a otros estados que han promulgado leyes y políticas similares”, advirtió el reporte.