Junto a Arauz, que fue candidato presidencial del correísmo en 2021 y candidato a vicepresidente en 2023, el Ministerio Público también incluyó como investigados en el mismo expediente a la exasambleísta Esther Cuesta y al superintendente de Bancos, Raúl González.
La jueza Daniela Camacho ordenó a Arauz y a Cuesta que comparezcan una vez al mes ante la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia mientras dure la investigación, y para González impuso la prohibición de salida del país y la comparecencia cada quince días ante autoridades judiciales en la ciudad de Guayaquil.
La magistrada ordenó también la retención de cuentas por un monto de 5.000 dólares a cada uno de los ahora procesados. La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.
Los tres nuevos investigados se suman a los otros imputados que formaban parte del caso desde marzo, que son cuatro destituidos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano de siete miembros elegidos por votación popular que se encarga de designar a diferentes autoridades estatales, el titular de la Fiscalía General del Estado.
La investigación se inició a raíz de una denuncia y un allanamiento ejecutado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del CPCCS, en el que se incautaron los celulares del exconsejero Augusto Verduga, cuya información "habría revelado la planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para tomar del control de la institucionalidad del Estado", según la Fiscalía.
El Ministerio Público aseguró en un comunicado que "los elementos de convicción darían cuenta de que Andrés Arauz habría sido quien coordinaba de manera externa las acciones ilícitas", a través de "directrices de actuación por medio de la aplicación Wire, a fin de cristalizar el control de la institución".
"Además, formulaba lineamientos como la presentación de denuncias, recusaciones e incluso acciones constitucionales, sin dejar de mencionar que se mantenía al tanto de las acciones conjuntas que su organización política iba a iniciar desde la Asamblea Nacional, incluyendo las que se planteaban ejecutar en el CPCCS para sus intereses particulares", de acuerdo a la misma Fiscalía.
"Estas acciones habrían tenido como principal beneficiario a Raúl González, ya que entre los planes estaba su designación como Superintendente de Bancos. Para cumplir con sus objetivos, habrían contado con el papel indispensable de la exasambleísta Esther Cuesta, quien fungía como presidenta del parlamento", agregó.
Los cuatro consejeros del CPPCS vinculados al correísmo fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al haber hecho campaña electoral con distintivos y mensajes propios de la Revolución Ciudadana, algo que prohíbe la norma electoral en los comicios para este órgano estatal.
Tras conocer la resolución de la jueza, Arauz señaló que "este caso es realmente risible: Acusan a los dirigentes políticos de ser políticos".
"Me quieren vincular por dos tuits. A una de las más valiosas ecuatorianas (Esther Cuesta) la quieren vincular por enviar un oficio", señaló el excandidato correísta, que actualmente ejerce de secretario general de la Revolución Ciudadana.
Por su parte, el expresidente Correa también cargó contra la Fiscalía al preguntarse "cómo un podrido sistema de justicia pierde tiempo y recursos en persecución y tonterías, mientras el país se cae en pedazos".
"El caso Ligados es otro insulto a la moral y a la inteligencia. Y hay gente que aplaudirá esta nueva canallada. Mientras tanto, los chats de (Fernando) Villavicencio, que demuestran que él y Diana Salazar eran un par de delincuentes, jamás han sido investigados", dijo Correa sobre la relación entre el asesinado candidato presidencial y la ex fiscal general, ahora designada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa como embajadora en Argentina.