Mediante un comunicado, la exjefa del Ministerio Público calificó las acusaciones como "estrategias de criminalización" por parte de la Fiscalía que dirige Consuelo Porras Argueta, sancionada internacionalmente por corrupción.
Dicho comunicado fue firmado de igual manera, además de Aldana, por los exfiscales anticorrupción Siomara Sosa y Juan Francisco Sandoval.
La acusación sobre los exfiscales divulgada esta semana por presunto abuso de autoridad y otros delitos es la misma que también hay sobre los abogados colombianos Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, ex comisionado y exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Los exfiscales guatemaltecos recordaron en la nota de prensa este miércoles que las "maniobras ilegítimas" que lleva a cabo la Fiscalía pretenden "perpetuar la impunidad de individuos como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Arturo Batres, quienes, como ha sido demostrado, recibieron más de 20 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht".
Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y Baldizón fue candidato presidencial antes de ser detenido en Estados Unidos por lavado de dinero.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, actual fiscal general de Colombia, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.