"Tras concluir la audiencia inicial, un juez decretó detención provisional para Ruth, informó su defensa", según publicó la organización de cuya unidad Anticorrupción ha sido jefa López.
De acuerdo con publicaciones de La Prensa Gráfica, el referido juzgado habría ordenado que el proceso avance a la etapa de instrucción, que se extenderá por al menos 6 meses.
Tras salida de la sede del Juzgado 12° de Paz de San Salvador, López afirmó ante decenas de periodistas que era una "presa política" y que el proceso se debe a su trabajo contra la corrupción gubernamental.
"¡Soy inocente, soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno!", gritó la defensora mientras era custodiada por varios policías entre empujones con periodistas, fotógrafos y camarógrafos.
La abogada, incluida por la BBC en 2024 en su lista de mujeres más influyentes, también exigió un "juicio público" porque, según manifestó, "tengo derecho a que la gente sepa que me están enjuiciando por mis opiniones".
El abogado defensor Pedro Cruz dijo escuetamente a periodistas que la decisión del juzgado es una "aberración jurídica", mientras que horas antes señaló que se ha impuesto secreto de sumario al proceso "por miedo", dado que se ha dado "sin fundamento jurídico" y con un "Ministerio Público incompetente".
La Fiscalía General de la República (FGR) cambió el cargo imputado a López, que inicialmente era peculado, a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal.
Este cambio en el delito imputado había trascendido únicamente en publicaciones de medios de comunicación locales, pero la defensa de López no lo podía confirmar o desmentir a raíz de que el juzgado puso bajo secreto total el proceso penal.
A juicio de la organización no gubernamental Cristosal, "el cambio de delito imputado a Ruth no demuestra una investigación seria, sino una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de DDHH".
La acusación formal fue presentada la noche del 2 de junio, más de 15 días después de su detención, con hermetismo y después de que la prensa fue sacada del lugar en que se presentó, de acuerdo con reportes de medios locales.
La detención de López, que ha participado en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el Gobierno desde Cristosal y es una de las principales voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele, desencadenó una oleada de rechazo, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.
Este caso y la detención de otros defensores de derechos humanos han generado la preocupación de organizaciones locales e internacionales, que advierten de "una escalada autoritaria" por parte del presidente Bukele.