"Es totalmente inaceptable que, en 25 años, ni una sola persona haya rendido cuentas por los crímenes perpetrados en Kisangani", dijo en un comunicado Tigere Chagutah, director regional de AI para África oriental y meridional, al alertar de que "esa falta de rendición de cuentas por crímenes cometidos en el pasado ha dado lugar a un ciclo de violencia en la RDC".
"Es responsabilidad de las autoridades judiciales congoleñas investigar y, si hay suficientes pruebas admisibles, procesar a los sospechosos de responsabilidad penal por los crímenes cometidos en territorio de la RDC", afirmó Chagutah.
Los combates de ese conflicto se desarrollaron entre el 5 y el 10 de junio del año 2000 y enfrentaron a las fuerzas armadas ruandesas y ugandesas en Kisangani, en el noreste de la RDC, durante la Segunda Guerra del Congo (1998-2003), en la que participaron veinte grupos armados y nueve países africanos.
En febrero de 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Uganda pagar reparaciones por valor de 325 millones de dólares a la RDC por las masacres contra civiles, los daños materiales cometidos y el expolio de recursos durante la guerra.
Tras el fallo del alto tribunal de las Naciones Unidas, que no tenía jurisdicción sobre Ruanda, algunas víctimas empezaron finalmente a recibir compensaciones en 2024, si bien el proceso se ha visto salpicado por acusaciones de corrupción.
En la guerra de los Seis Días, los ejércitos de Ruanda y Uganda "no diferenciaron" entre civiles y combatientes, bombardearon de manera indiscriminada zonas densamente pobladas en Kisangani, mataron a civiles "de manera intencionada", violaron a mujeres y saquearon casas, lamentó AI.
"Durante seis días, solo cayeron bombas. No sabíamos si viviríamos", relató bajo anonimato un activista de la sociedad civil, que sobrevivió al conflicto, a la organización, que entrevistó a más de cincuenta personas, incluyendo supervivientes, funcionarios de Justicia y ONG.
Los entrevistados subrayaron la falta de voluntad política para iniciar procedimientos penales y la falta de independencia judicial en la RDC, donde los dirigentes políticos, algunos de los cuales participaron en el conflicto, han impedido investigaciones.
Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por más de cien grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de las Naciones Unidas (Monusco).