En un comunicado conjunto difundido el miércoles por el Observatorio de Lawfare en América Latina, Garzón y Zaffaroni consideraron que debe declararse improcedente la imputación de Arauz por no configurarse a su criterio los elementos necesarios para pasar a ser investigado.
Sin embargo, la jueza Daniela Camacho aceptó la imputación de Arauz, que fue incluido en la investigación junto a la exasambleísta correísta Esther Cuesta y a Raúl González, que había sido designado superintendente de Bancos cuando había una mayoría afín al correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Mientras dure la investigación, el magistrado ordenó que Arauz y Cuesta se presenten una vez al mes ante la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia, mientras que González deberá presentarse cada quince días ante autoridades judiciales en Guayaquil.
En ese sentido, el exjuez de la Audiencia Nacional de España y exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recordaron que "es de conocimiento público que Arauz ostenta la condición de refugiado por el Estado mexicano desde 2022", donde además tiene en México un hijo de nacionalidad y residencia mexicana.
Esto confiere al actual secretario general de la Revolución Ciudadana, partido que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), una "protección especial en materia de movilidad humana a migrantes y refugiados, y obligan a evitar restricciones arbitrarias de movilidad", señalaron los exmagistrados.
Así, propusieron que se aplique a Arauz el esquema de comparecencias ante las autoridades diplomáticas del país donde reside, como sucede con el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) en Paraguay por el caso Sinohydro en el que está investigado también por la Fiscalía.
En este caso, apuntaron a que el excandidato presidencial en los comicios de 2021 "podría firmar actas de presentación en la Sección de Intereses de Ecuador en México", a cargo de la Embajada de Suiza, ya que las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas desde que el actual presidente, Daniel Noboa, ordenase invadir la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente correísta Jorge Glas, tras haber recibido asilo diplomático del Gobierno de México.
Los tres nuevos investigados en el caso Ligados se suman a los otros imputados que formaban parte del caso desde marzo, cuatro consejeros destituidos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano de siete miembros elegidos por votación popular que se encarga de designar a diferentes autoridades estatales, el titular de la Fiscalía General del Estado.
La investigación se inició a raíz de una denuncia y un allanamiento ejecutado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del CPCCS, en el que se incautaron los celulares del exconsejero Augusto Verduga, cuya información "habría revelado la planificación y estrategias delictivas puestas en marcha para tomar del control de la institucionalidad del Estado", según la Fiscalía.
El Ministerio Público aseguró en un comunicado que "los elementos de convicción darían cuenta de que Andrés Arauz habría sido quien coordinaba de manera externa las acciones ilícitas", a través de "directrices de actuación por medio de la aplicación Wire, a fin de cristalizar el control de la institución".
"Además, formulaba lineamientos como la presentación de denuncias, recusaciones e incluso acciones constitucionales, sin dejar de mencionar que se mantenía al tanto de las acciones conjuntas que su organización política iba a iniciar desde la Asamblea Nacional, incluyendo las que se planteaban ejecutar en el CPCCS para sus intereses particulares", de acuerdo a la misma Fiscalía.
"Estas acciones habrían tenido como principal beneficiario a Raúl González, ya que entre los planes estaba su designación como Superintendente de Bancos. Para cumplir con sus objetivos, habrían contado con el papel indispensable de la exasambleísta Esther Cuesta, quien fungía como presidenta del parlamento", agregó.
Los cuatro consejeros del CPPCS vinculados al correísmo fueron destituido por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al haber hecho campaña electoral con distintivos y mensajes propios de la Revolución Ciudadana, algo que prohíbe la norma electoral en los comicios para este órgano estatal.