Sobre Duterte pesan acusaciones de corrupción, de haber utilizado de forma indebida fondos confidenciales y de amenazar de muerte al presidente, Ferdinand Marcos Jr. La Cámara de Representantes aprobó un proceso de destitución el pasado febrero, que abrió las puertas a un juicio político en el influyente Senado.
El controvertido juicio político llegaría en medio de una fuerte disputa entre el presidente y la vicepresidenta. El hijo del dictador fallecido Ferdinand Marcos consiguió el poder en 2022 de la mano de la hija del expresidente Rodrigo Duterte, una exitosa alianza que comenzó a desmoronarse tras la victoria electoral.
Moción para desestimar el juicio político
El senador Ronald dela Rosa, férreo defensor del clan Duterte, busca bloquear el proceso contra la vicepresidenta por medio de una moción para desestimarlo.
"Al menos en este asunto, me he posicionado a favor de lo que debería ser", confirmó ayer a los medios el exjefe de Policía, hombre de confianza del expresidente Rodrigo Duterte y considerado como el cerebro de su sangrienta guerra contra las drogas.
La moción, que todavía no ha sido presentada oficialmente ante el Senado, fue desvelada días después de que los primeros pasos del juicio político fueran retrasados por el presidente del Senado, Francis Escudero.
Los congresistas elegidos para acusar a Sara Duterte debían presentar los cargos contra la vicepresidenta el pasado lunes, pero finalmente tendrán que esperar hasta el próximo miércoles. El arranque del juicio político propiamente dicho está previsto en julio.
Denuncias de inacción entre los críticos
Estas maniobras han desatado una ola de quejas entre los críticos con la vicepresidenta, que de ser declarada culpable por el Senado se vería inhabilitada para la política de por vida y no podría presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2028.
"Una desestimación prematura socavaría el principio fundamental de la democracia: el sistema de pesos y contrapesos", advirtieron este jueves en una misiva decenas de profesores de derecho de la Universidad de Filipinas.
Al clamor para que se celebre el juicio político se han unido también los políticos que impulsaron el proceso de destitución.
En una rueda de prensa, la congresista Arlene Brosas denunció ayer que el Senado "no ha hecho nada para cumplir con su deber constitucional de reunirse como tribunal" después de "cuatro largos meses".
"Ya vale de regatear, no sois espectadores sino el tribunal. Dejad que empiece el juicio", insistió Leila de Lima, una de los doce congresistas encargados de acusar a Sara Duterte en el Senado.
Disputa entre mandatarios
El presidente Marcos Jr. mostró su rechazo al proceso de destitución desde el primer momento, al prever que degeneraría en una disputa política y paralizaría ambas cámaras, aunque oficialmente ha rechazado cualquier implicación.
"El presidente no interferirá en cualquiera de los debates en curso en el Senado", reiteró ayer la portavoz del mandatario, Claire Castro.
No obstante, tras meses de disputas, Marcos Jr. afirmó hace dos semanas estar listo a enterrar el hacha de guerra.
Una apertura a la reconciliación que llegó tras obtener un resultado peor de lo esperado en unas recientes elecciones a mitad de mandato, dominadas por el arresto de Rodrigo Duterte por orden de la Corte Penal Internacional (CPI).
Una detención que Marcos Jr. permitió, y que fue calificada por los seguidores del expresidente como un secuestro ilegal.
Acusado de crímenes contra la humanidad en el marco de su guerra contra las drogas, Rodrigo Duterte permanece detenido en La Haya a la espera de que comience el juicio. Igual que su hija, que niega las acusaciones de corrupción.
"Realmente quiero un juicio porque de verdad espero un baño de sangre", lanzó la vicepresidenta a mediados de mayo.