"España tiene una buena base científica, pero esta excelencia científica todavía no ha conseguido mejorar la innovación", resalta la Comisión Europea en un informe publicado esta semana en el que describe que el país está por detrás de la media en la mayoría de los indicadores.
La inversión en I+D es menor en España que en el resto de socios europeos tanto a nivel privado como público. En el primer caso equivale al 1,49 % del PIB en 2023, frente al promedio del 2,24 %, mientras que en el segundo alcanza el 0,65 %, por debajo del 0,72 % del bloque.
A esto se suma un "déficit claro en talento innovador": el número de graduados universitarios en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (las disciplinas STEM) ha caído seis puntos en la última década y la tasa de investigadores contratados en empresas es la mitad del promedio comunitario.
Además, la cifra de empresas que invierte en I+D ha bajado en los últimos años y cada vez se concentra más en un pequeño grupo de firmas de sectores "tradicionales" como la banca, las telecomunicaciones o el 'software'.
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En consecuencia, sólo aparecen once españolas entre las 2.000 más inversoras del mundo, un número que se eleva a 22 en la clasificación de las 800 empresas europeas, según datos de la propia institución para 2023.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario también ve "brotes verdes", entre ellos el hecho de que el ecosistema científico es "atractivo" para los investigadores y cuenta con "buenas tasas" de colaboración internacional.
También destaca que el porcentaje de publicaciones científicas españolas, el "importante avance" registrado en la adopción de tecnologías digitales por parte de las pymes españolas, y el avance en la utilización empresarial de tecnologías digitales avanzadas, superando con creces la media europea en análisis de datos, aunque por detrás en uso de servicios de nube e inteligencia artificial.
Todo esto se ve apoyado por el "gran impulso " la I+D previsto a través de las inversiones del plan de recuperación (17.600 millones de euros) y de los fondos estructurales de la UE (4.700 millones).
La Comisión Europea considera que España "necesita una estrategia a largo plazo" que sea "de país" e involucre a todas las administraciones y que simplifique la "pesada burocracia" a la que se enfrentan actualmente las empresas.