"El esquema de protección del senador Uribe fue disminuido extrañamente el día del atentado: de siete a tres personas. Pedí en el Consejo de Seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho", dijo Petro en su cuenta de X.
Uribe Turbay, de 39 años de edad y senador del partido uribista Centro Democrático, recibió el sábado dos disparos propinados por un joven que luego fue detenido, mientras pronunciaba un discurso en un acto de campaña en el barrio Modelia de Bogotá.
Petro prometió el sábado que su Gobierno no escatimará esfuerzos para descubrir a los autores intelectuales del atentado contra Uribe Turbay y no descartó que su escolta haya fallado al protegerlo.
No hubo coordinación
A propósito del atentado, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de la protección de personalidades en el país, explicó hoy a periodistas que el esquema de seguridad del senador lo componen tres personas de la entidad a su cargo y cuatro policías, y que es coordinada por un subcomisario de la Policía.
El funcionario detalló que Uribe Turbay terminó su jornada hacia las tres de la mañana del sábado, por lo que los escoltas de la UNP regresaron a sus casas y luego pasaron a recogerlo para ir al lugar de la reunión en el que fue víctima del atentado; sin embargo, esa actividad no fue avisada oportunamente.
"Las personas tuvieron que ir a sus casas y luego regresar; concretamente, el de la UNP tuvo que hacer eso. Regresó a las dos de la tarde (del sábado) a recogerlo en un punto de la ciudad y luego desplazarse hacia el sitio en el que había una actividad que no había sido avisada, no había sido coordinada con las dos entidades de protección", aseguró Rodríguez.
En ese contexto, la familia Uribe Turbay presentó hoy una denuncia penal contra la UNP por presunta negligencia respecto a las peticiones para reforzar su seguridad.
"Durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año", dijo a la prensa el abogado de la familia, Víctor Mosquera.
Según explicó el abogado, esas solicitudes advertían que Uribe Turbay, considerado desde 2023 como un dirigente en "riesgo extraordinario", debía contar con medidas especiales al convertirse en precandidato presidencial de oposición.
Sin embargo, aseguró que todas las respuestas recibidas por parte de la UNP eran "un copy-paste", descartando el refuerzo.
Por ello, la familia solicitó a la Fiscalía abrir una nueva línea de investigación para esclarecer si hubo omisión institucional que facilitó el ataque.