"Estos periodistas se encuentran en una condición de apatridia de facto, una estrategia de control y castigo político utilizada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aunque el Estado de Nicaragua no ha oficializado el despojo de la nacionalidad de este grupo de periodistas, en la práctica les ha marginado de todo derecho ciudadano", señaló el PCIN, legalmente constituido en Costa Rica, en una declaración.
Al menos 20 periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica han solicitado a los Estados de países democráticos, entre ellos España, Argentina, Chile y México, "medidas de protección", como que se les conceda la nacionalidad, debido a que se consideran en la "apatridia de facto".
El PCIN explicó que desde 2021, su Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa ha documentado los mecanismos utilizados por el Ejecutivo sandinista para forzar "esta situación", entre ellos, privación arbitraria de la nacionalidad, confiscación y anulación de pasaportes, negativa a renovar documentos de identidad, y destierro y prohibición de ingreso a Nicaragua.
"Debido a esta condición, la movilidad de este grupo de periodistas y el ejercicio de su profesión más allá de Costa Rica se ven severamente limitados. Por ello, PCIN hace un llamado a los Gobiernos de Argentina, Chile, España y México para que consideren favorablemente esta solicitud de protección", continuó.
Para el PCIN, "otorgar la nacionalidad a este grupo de periodistas no solo representaría un acto de solidaridad, sino también una acción de protección a la libertad de expresión y la libertad de prensa en el mundo”.
En ese sentido, agradeció "especialmente a España por haber otorgado ya la nacionalidad a centenares de nicaragüenses, incluyendo a periodistas de gran trayectoria a quienes el régimen les arrebató este derecho fundamental".
Llamado a España
Por su lado, la opositora Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) se sumó "al llamado para que el Reino de España apoye la solicitud de ciudadanía de periodistas nicaragüenses desterrados de facto por la dictadura de Nicaragua".
"Los y las periodistas independientes siguen resistiendo e informando a la ciudadanía nicaragüense a través de sus medios y plataformas digitales, hacen eco de las denuncias y graves violaciones a derechos humanos que sufren los distintos sectores del país", indicó AUN en un mensaje.
"Esperemos que el Reino de España y el Gobierno Español, como lo ha hecho hasta el momento, apoyen esta solicitud de nuestros hermanos periodistas", concluyó.
El informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a Nicaragua en el puesto 172 de la Clasificación Mundial de Prensa 2025, situándolo en el fondo de la tabla con peor clasificación, por encima solo de Rusia, Bielorrusia, Cuba y Venezuela.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde el 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos.