“Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, dijo Javier Milei junto a Bullrich.
El nuevo estatuto de la PFA publicado este martes en el Boletín Oficial establece como misión principal de la Policía Federal Argentina “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como la de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.
Para ello habilita al cuerpo policial a realizar requisas sin orden judicial “ante la concurrencia de los siguientes supuestos: que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionas con un delito; que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar; que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”, agrega el decreto.
El decreto también establece excepciones a las órdenes judiciales requeridas para las detenciones “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”.
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Y habilita a la Policía a realizar, “sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios webs públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y los principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente”.
El presidente anunció, además, la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y dijo: “Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”.
El decreto se publicó en el Boletín Oficial en medio de un clima social y político tenso por la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), a la que este martes se le ha concedido prisión domiciliaria y ha desatado un despertar del peronismo y de las protestas en Argentina.