Los controles se realizarán en las principales carreteras y áreas de servicio de autopistas, líneas internacionales de autobús, en ciertos trenes y a la llegada de ciertos vuelos nacionales al espacio Schengen, considerado una fuente de alta presión migratoria, como Italia y Grecia, precisaron los ministros de Interior, el liberal Bernard Quintin, y de Asilo y Migración, la nacionalista flamenca Anneleen Van Bossuyt (N-VA), en la televisión VTM.
Estos retenes "estrictos y específicos en intersecciones estratégicas" se llevarán a cabo en estrecha colaboración entre la policía federal, la policía local y la Oficina de Inmigración, dijeron los políticos integrantes de la coalición gubernamental integrada por cinco partidos y liderada por el nacionalista flamenco Bart De Wever.
El objetivo de los controles es combatir los flujos migratorios ilegales y evitar que la presión migratoria se desplace hacia Bélgica; y, de forma paralela, luchar contra la delincuencia con mayor eficacia y reforzar así la seguridad en el país, declaró Quintin.
Van Bossuyt, por su parte, enfatizó que los flujos migratorios están en constante evolución y que algunos países vecinos ya han endurecido sus políticas.
La ministra afirmó que Bélgica ahora pretende reforzar su firmeza con respecto a la inmigración irregular y las solicitudes de asilo presentadas sucesivamente en varios países, en una práctica que describió como "asylum shopping" (compras de asilo).
Ante las medidas, la primera voz crítica llegó esta noche desde las filas ecologistas, donde el diputado federal Matti Vandemaele calificó el anuncio de "completamente absurdo" que solo provocará caos.
Bélgica tiene 1445 kilómetros de fronteras con Países Bajos, Alemania, Francia y Luxemburgo, "¿qué va a hacer la ministra, instalar un control cada diez metros?, se preguntó el parlamentario.