La garantía —la primera operación bajo una línea de crédito condicional de 140 millones de dólares para proyectos de inversión— tiene como objetivo ayudar a reducir el 'riesgo país' (prima de riesgo) de Ecuador y atraer inversión privada en fuentes de energía renovable no convencionales, como la solar y la eólica, detalló este jueves el BID en un comunicado.
Al mismo tiempo, el BID está proporcionando una cooperación técnica reembolsable de 3 millones de dólares para fortalecer la capacidad institucional de los principales organismos reguladores del sector energético, especialmente la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
Los avales del BID tienen un plazo máximo de 25 años y el préstamo asociado cuenta con un período de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en el índice SOFR.
"Estos esfuerzos ayudarán a Ecuador a disminuir su alta dependencia de la energía hidroeléctrica, cada vez más vulnerable a interrupciones relacionadas con el clima, como sequías e inundaciones", señaló la institución multilateral.
El BID indicó que con este aval se espera beneficiar a una docena de proyectos de inversión que movilizarán aproximadamente 1.000 millones de dólares del sector privado para sumar al sistema eléctrico nacional hasta 820 megavatios de potencia nueva instalada.
Los proyectos fueron seleccionados mediante un proceso de licitación pública llevado a cabo por el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador y contribuirán a cumplir con las inversiones prioritarias establecidas en el Plan Maestro de Electricidad del país.
"Este financiamiento mejorará su capacidad para otorgar licencias, supervisar y monitorear los aspectos sociales y ambientales de los proyectos de generación privada de energía, garantizando una implementación efectiva y sostenibilidad a largo plazo", concluyó el BID.
Con un matriz de generación que depende en un 72 % de centrales hidroeléctricas, Ecuador se encuentra en una crisis energética desde finales de 2023 al quedarse sin capacidad para abastecer la demanda nacional en periodos de sequía que dejan a los principales complejos hidroeléctricos sin agua suficiente para operar.
Esto ha conllevado desde entonces diversos periodos de apagones, el último de ellos entre septiembre y diciembre de 2024, cuando llegaron a registrar suspensiones del fluido eléctrico de hasta catorce horas al día para los hogares y de varios días consecutivos para el sector industrial, lo que impactó fuertemente en la economía nacional, con una contracción del 2 % del producto interior bruto (PIB).