"Durante años, miles de homicidios fueron ocultados como desapariciones. Las pandillas y el Estado maquillaban las cifras con fosas clandestinas", publicó en X Bukele, que cumplió a inicios de junio el primer año del segundo mandato consecutivo, pese a la prohibición constitucional.
De acuerdo con un cuadro de cifras que adjuntó, entre 2019 y el 18 de junio de 2025 suman 2.548 personas desaparecidas, mientras que entre 2015 y 2018 el dato fue de 6.917.
En el caso de los homicidios, el registro entre 2015 y 2018 alcanzó los 19.244 y bajo la Administración de Bukele (2019-2025) llegaron a 5.688, de acuerdo al líder salvadoreño.
"Hoy, con menos de 100 desaparecidos al año (antes eran más de 1.500), ya no hay duda: hubo una masacre sistemática oculta, a la par de la que todos conocíamos", señaló Bukele.
Indicó que "los asesinatos cometidos por las pandillas fueron muchos más de lo que creíamos" y que "ahora viene el reto de encontrar todos esos cuerpos".
En lo que va de 2025, las cifras difundidas por Bukele, que para el resto de ciudadanos y la prensa se ponen en secreto al momento de solicitarlas, son 38 homicidios y 68 desapariciones.
En total, entre 2015 y junio de 2025, El Salvador registra 24.932 homicidios y 9.465 desapariciones.
El Ejecutivo de Bukele atribuye la baja en las cifras de violencia homicida al Plan Control Territorial -que consistía principalmente en el despliegue de policía y militares en los territorios- y a un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, que suspende garantías constitucionales.
Sin embargo, los datos de homicidios comenzaron a descender en el país desde 2016, según con las cifras oficiales divulgadas en ese momento, antes de la llegada del actual mandatario al Gobierno.
Este régimen, que ha dejado la captura de más de 85.900 personas acusadas de pertenecer a las pandillas, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de vigencia, en medio de polémicas por miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.
La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, que habría incluido bajar la cifra de asesinatos, pero no las desapariciones.
Si bien la medida de régimen de excepción goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, organizaciones internacionales han dicho que también es una "herramienta" para "silenciar voces críticas".