El tribunal reconoció el derecho de una empresa española a ser indemnizada con 100.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados por la pasividad y la falta de colaboración del Ministerio.
Los hechos se remontan a 1998, cuando un juzgado español condenó a EE.UU. a pagar a Montajes e Instalaciones Industriales S.A. (Montasa) una cantidad equivalente a 920.934 euros, por el impago de unas obras de infraestructura que había realizado en la base estadounidense de Rota.
Más de veinte años después, en 2021, la empresa presentó una reclamación contra la pasividad y falta de colaboración del Ministerio de Exteriores para garantizar la ejecución de la sentencia, pero el Gobierno español desestimó su reclamación por extemporánea.
Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que "se trata de una situación prolongada en el tiempo, que a día de hoy no ha cesado, por cuanto no se ha dado efectivo cumplimiento a lo resuelto" por la justicia en 1998.
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El tribunal considera que Exteriores no ha hecho lo suficiente en el cumplimiento de su labor de colaboración, que en el caso examinado "no se ha desarrollado con la intensidad y continuidad requerida, revelándose insuficientes las actuaciones practicadas".
Por ello, subraya que "la defectuosa e insuficiente" actuación del Ministerio evidencia que se trata de un funcionamiento anormal del servicio público que genera la responsabilidad patrimonial imputada.
Asimismo, indica que ha quedado acreditado el daño no tanto en la falta de ejecución de la sentencia -que es responsabilidad exclusiva del condenado, el Gobierno de los Estados Unidos-, sino en que el Ministerio no puso en práctica los mecanismos ordinarios de solución de conflictos a su disposición para forzar a otro Estado a cumplir con la sentencia.