El informe detalla que el primer sujeto detenido fue identificado como Celso Gamboa Sánchez, de 49 años, un exmagistrado de la Sala Tercera, ministro de Seguridad (2014-2015) y Director de Inteligencia y Seguridad Nacional (2013-2014), además del exconvicto Edwin López Vega alias Pecho de Rata, de 48 años.
"Es un hito que estas dos personas sean las primeras que sean extraditadas del país. Hay todo un proceso alrededor de esto que van a tener que llevar las personas indicadas (...) pero esperamos que culmine el proceso y lleguen a Estados Unidos para enfrentar los cargos que se les imputa. Desde el OIJ es un paso importantísimo en la lucha contra la criminalidad", afirmó el director del OIJ, Randall Zúñiga.
El pasado mes de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley que reforma el Artículo 32 de la Constitución Política, en la que se determinó que en los casos de tráfico internacional de drogas y terrorismo, un costarricense puede ser extraditado al país que lo requiera.
Los imputados son solicitados por un juzgado en Dallas, Texas, por el delito de tráfico internacional de drogas. una vez que dicha documentación sea recibida en Costa Rica, será analizada por un Tribunal Penal, quien determinará que se cuenta con todos los requisitos para proceder con la extradición y coordinará el plazo determinado con las autoridades estadounidenses llevar a cabo dicho proceso.
En los últimos años el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica, un país que se ubica en un punto geográfico estratégico de las rutas narcotraficantes del continente, pero donde también las autoridades han confirmado la existencia de organizaciones locales que se dedicaban a recibir cargamentos de cocaína y exportarlos a Europa ocultos en contenedores con productos lícitos.
Estas organizaciones también se dedican al tráfico local de marihuana y cocaína y son las responsables de un abrupto crecimiento de los homicidios en los últimos años, según las autoridades.
En lo que va del 2025, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabiliza 425 homicidios, seis más que los 419 registrados en el mismo periodo de 2024, más del 60 % de esos homicidios en Costa Rica son atribuidos a "ajustes de cuentas" entre bandas narcotraficantes.