La querella busca anular la orden del Tribunal de Distrito de EE.UU. de Maryland, emitida el mes pasado, que estableció una suspensión automática de dos días para las impugnaciones del hábeas corpus de los inmigrantes detenidos.
Esta orden exige que el secretario del tribunal dicte automáticamente una orden cautelar contra la deportación o la impugnación de la situación legal de cualquier extranjero detenido en Maryland por las autoridades migratorias que presente una petición de hábeas corpus.
“Al hacerlo, el Tribunal de Distrito desafía los requisitos procesales y sustantivos para emitir medidas cautelares preliminares, ignora la intención del Congreso y viola el precedente de la Corte Suprema”, dijo el Departamento de Justicia en la demanda.
En este sentido, la fiscal de EE.UU. Pamela Bondi, dijo en un comunicado que la autoridad ejecutiva del presidente Donald Trump “se ha visto socavada” desde las primeras horas de su presidencia por un “aluvión interminable” de medidas cautelares diseñadas para frenar su agenda migratoria.
“Este patrón de extralimitación judicial socava el proceso democrático y no puede permitirse que persista”, insistió Bondi sobre la demanda, que abre una batalla con pocos precedentes entre el Ejecutivo y el poder judicial en el país.
Como parte de la demanda, el Departamento de Justicia solicitó que el caso se transfiera fuera del tribunal de primera instancia de Maryland y que sus jueces sean recusados.
El Tribunal federal de Maryland ha fallado contra la Casa Blanca en casos donde se ha demostrado fallas de proceso como el que involucra a Kilmar Ábrego García, quien fue deportado a El Salvador por error y finalmente regresó a los EE.UU. este mes para enfrentar cargos federales de tráfico ilegal de indocumentados.