En comunicados difundidos este miércoles, ambas instituciones defendieron la legalidad de sus operaciones y su apego a la regulación mexicana e internacional, al tiempo que aseguraron a sus clientes que sus inversiones están 100 % respaldadas.
Intercam señaló que ha operado durante casi 30 años conforme a normas nacionales e internacionales de prevención de lavado de dinero, mientras Vector destacó sus 50 años de trayectoria y auditorías constantes por parte de instancias financieras mexicanas e internas.
“Recordamos que los depósitos de nuestros Clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval)”, subrayó Intercam en su nota.
Mientra que Vector sostuvo que "no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas”, con base en lo informado por la Secretaría de Hacienda, que antes explicó que pidió pruebas al Departamento del Tesoro estadounidense.
Añadió que las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas y que las observaciones derivadas de las revisiones de autoridades mexicanas fueron de índole administrativa y ya fueron atendidas.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno de México también emitió una nota informativa en la que reconoció haber recibido una notificación del Departamento del Tesoro sobre presuntas irregularidades.
No obstante, aclaró que, tras solicitar pruebas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), "no se recibió ningún dato probatorio al respecto".
Según Hacienda, la única información verificable corresponde a transferencias electrónicas hechas a empresas chinas legalmente constituidas y que forman parte de un volumen anual de comercio de 139.000 millones de dólares, entre México y China.
La UIF detectó que más de 300 empresas mexicanas realizaron transacciones con dichas firmas a través de al menos diez instituciones financieras, no sólo las mencionadas por el Tesoro.
Aunque la CNBV impuso sanciones por fallas administrativas equivalentes a 134 millones de pesos (6,7 millones de dólares), luego de un proceso de revisión, Hacienda insistió en que, de existir pruebas contundentes de delitos, se actuará conforme a la ley.
"Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, concluyó Hacienda.