"Es inconcebible que quienes lograron salir con vida de estas mazmorras estén ahora luchando por acceder a tratamiento médico y apoyo psicológico urgente", declaró en un comunicado la activista de campañas de AI, Bissan Fakih.
Los exdetenidos, algunos de ellos estuvieron tras las rejas del infame centro penitenciario militar de Sednaya, sufren diferentes afecciones de las que destacan la tuberculosis, así como dolencias en ojos, articulaciones, sistema nervioso, bucales y trastornos de estrés postraumático.
Debido a la falta de financiación -a causa de los recortes de Estados Unidos a la ayuda humanitaria- muchos de los afectados no consiguen acceder a atención médica urgente, situación que se agrava puesto que "gran parte del sistema sanitario ha colapsado", denunció AI.
"Aunque el gobierno sirio enfrenta numerosos desafíos económicos y políticos, no debe demorarse en garantizar que todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por tortura y otros crímenes internacionales sean llevadas ante la justicia mediante juicios justos ante tribunales civiles ordinarios", instó Fakih a las autoridades sirias, dirigidas por el presidente Ahmed al Sharaa.
La reparación como base
Los supervivientes insistieron a AI en que "la rendición de cuentas es crucial para su proceso de sanación".
"El valor de lo que vivimos solo existe si sirve para evitar que se repita. Si no podemos garantizar eso, entonces lo que vivimos no tuvo sentido", lamentó Ahmed Helmi, del grupo Ta'afi, un conglomerado liderado por supervivientes que ofrece apoyo para su rehabilitación.
Además, los representantes de este grupo exigieron justicia "para los jefes de los aparatos de seguridad" con el objetivo de que paguen por "haber extorsionado" a las familias de los exdetenidos y haber cometido crímenes contra la dignidad humana.
Las reivindicaciones de la organización coinciden con el aniversario de los seis meses de la caída del gobierno de Al Asad y con el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
En este sentido, AI celebró que las autoridades prohibiesen la tortura (estableciendo que no estaría sujeta a prescripción), creasen una Comisión de Justicia Transicional para liderar los esfuerzos de rendición de cuentas y mantuviesen consultas con sobrevivientes.
El régimen de Al Asad cayó el pasado diciembre en una ofensiva relámpago de la alianza islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), heredera de la filial siria de Al Qaeda y que tomó las riendas de la nueva Siria tras más de medio siglo de mandatos de esa familia.