El CICR precisó en un comunicado que los secuestrados se encontraban en poder del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez y el Bloque Móvil Martín Villa de las antiguas FARC.
“Valoramos que las condiciones se hayan dado para que las personas pudieran ser liberadas y reunidas con sus familias de forma segura y con respeto por su vida y su integridad”, expresó en la nota la jefa de la subdelegación del CICR en el municipio de Florencia, departamento de Caquetá, Stefania Summermatter.
Durante la operación, los bloques también proporcionaron información sobre los lugares de entierro de personas fallecidos en el marco del conflicto al CICR, que desarrolla acciones humanitarias forenses para proteger a los fallecidos y apoyar a que las familias conozcan el paradero de personas desaparecidas.
“Recordamos que todas las partes tienen la obligación de tratar las personas fallecidas de manera digna y tomar medidas para prevenir desapariciones”, señaló el comunicado.
El año pasado, el CICR participó en la liberación de al menos 28 personas que se encontraban secuestradas por grupos armados en el país.
El organismo, que mantiene un diálogo confidencial con las partes del conflicto, hizo un llamado a mantener el acceso a las comunidades afectadas para poder desarrollar su trabajo humanitario “de forma segura y sostenida”.
“Recordamos a todos los actores armados la importancia de garantizar ese acceso humanitario, que nos permite escuchar, comprender las necesidades y actuar con la imparcialidad, neutralidad e independencia que caracterizan nuestro trabajo”, afirmó Summermatter.
Esta semana, la Oficina de la ONU para los derechos humanos advirtió sobre el agravamiento de las violaciones de derechos humanos contra niños y niñas en el marco del conflicto armado en Colombia.
El organismo verificó 118 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales en el primer trimestre de 2025, y más de 650 entre 2022 y 2024.
Grupos y bandas criminales como estos bloques de las disidencias de las extintas FARC se disputan el control del territorio para el desarrollo de sus economías ilícitas, entre ellas la minería y el narcotráfico.