El exmilitar nicaragüense, de 61 años y crítico con el Gobierno que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue sentenciado a 50 años de cárcel por delitos considerados "traición a la patria", denunció este sábado su familia, que rechazó "profundamente la condena ilegal" a 50 años de cárcel por “traición a la patria, esa misma patria que ellos ultrajan, saquean, violentan y expulsan".
"Hemos sido informados de que fue procesado en un juicio arbitrario y condenado a 50 años de prisión, sin que hasta la fecha tengamos información clara sobre los cargos imputados ni las garantías mínimas del debido proceso”, señaló su hija, Sadie Rivas, en una declaración.
Por su lado la CIDH, en su resolución emitida el pasado 24 de junio, explicó que otorgó medidas cautelares en beneficio del militar en retiro nicaragüense tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.
La parte solicitante, según la CIDH, indicó que el beneficiario fue detenido en su domicilio el 17 de mayo de 2025 por agentes policiales, y que desde esa fecha, sus familiares y personas allegadas no tenían conocimiento de su paradero o destino en Nicaragua.
Su familia dijo, sin embargo, que "luego de 42 días de desaparición forzada", lograron confirmar el paradero de Rivas Reed, quien se encuentra, en términos de salud, estable, recibiendo medicación básica, bajo confinamiento solitario, recluido en una celda pequeña, completamente cerrada y en aislamiento total sin posibilidad de hablar ni salir al sol.
La familia del militar en retiro denunció que su aislamiento prolongado constituye una forma cruel, inhumana y degradante de castigo, equiparable a la tortura, según estándares internacionales.
Piden su liberación inmediata
Por tanto, exigió al Estado de Nicaragua el cese inmediato de "estas condiciones inhumanas de detención"; y demandó "su liberación inmediata e incondicional, así como la de todas las personas presas políticas de Nicaragua”.
Por su parte, las autoridades estatales no han brindado información oficial sobre su paradero ni sobre su estado actual, ni proporcionaron información a la CIDH.
Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su reglamento, ese organismo solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero del beneficiario con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.
También que indique si el beneficiario se encuentra bajo custodia del Estado, y de ser así, especifique si ha sido acusado de algún delito y/o si ha sido presentado ante la autoridad judicial correspondiente.
Además aclare las circunstancias y condiciones de su detención, incluyendo el lugar de su detención, y si tiene acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de "traición a la patria".