"En Honduras, las personas de la diversidad sexual son a menudo objeto de estigma, discriminación, amenazas, agresiones físicas, intentos de homicidio, despojo de viviendas o propiedades, violencia sexual, extorsión, desplazamiento forzado e incluso muertes violentas en condiciones de impunidad", subrayó el Conadeh en un comunicado emitido con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI.
Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a las autoridades hondureñas y a la sociedad en general para respetar la dignidad y libertad de las personas LGTBI, derechos inherentes a todo ser humano.
El coordinador de la Defensoría de Personas LGBTI del Conadeh, Alex Flores, destacó la necesidad de “sensibilizar, concienciar y reconocer que existe un problema sin resolver”, y exhortó a la población a evitar mensajes que fomenten “el odio y la estigmatización” y a promover el uso de un lenguaje inclusivo y respetuoso.
Señaló que las personas LGTBI enfrentan "enormes barreras" para disfrutar de una vida plenamente libre, y que durante años las leyes y políticas públicas no han respondido a sus necesidades ni han garantizado su protección.
Además, continúan registrándose "vulneraciones" a los derechos de este colectivo, siendo particularmente preocupantes las muertes violentas, que ocurren con altos niveles de impunidad, añadió.
Datos del Observatorio de Violencia hacia las Personas LGBTI de Honduras (KAI+) indican que 565 personas de la diversidad sexual han perdido la vida entre 2004 y 2024.
El año con el mayor número de casos fue 2023, con un total de 52 muertes reportadas.
Víctimas de desplazamiento forzado
Flores enfatizó en que las profundas actitudes homofóbicas y transfóbicas, junto a la insuficiente protección jurídica contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, exponen a las personas LGBTI a riesgos como el desplazamiento forzado y la muerte violenta en un contexto de impunidad.
Según datos de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, de las 1.142 quejas por desplazamiento forzado atendidas en sus delegaciones regionales y departamentales durante 2024, al menos 43 correspondieron a personas LGTBI.
De estas víctimas, el 35 % denunció haber sido objeto de discriminación, el 32 % de amenazas, un 12 % de agresiones físicas, un 9 % de intentos de homicidio, un 5 % de despojo de vivienda, tierra o propiedad, otro 5 % sufrió violencia sexual y un 2 % extorsión.
Flores instó al Estado de Honduras a implementar diversas iniciativas y políticas públicas que beneficien a la población LGTBI en distintos ámbitos, como el laboral, educativo y otros espacios donde persisten las vulneraciones a sus derechos humanos.
También recordó a las autoridades la obligación de cumplir la sentencia emitida en 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans y defensora de los derechos humanos que fue brutalmente asesinada en un contexto de violencia, prejuicios y discriminación histórica contra las personas LGTBI.