La Presidencia del Consejo de Ministros informó que la intervención fue ejecutada el 27 de junio por 51 efectivos policiales de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y la División contra la Minería Ilegal (Divvomin).
Asimismo, participaron representantes del Ministerio Público y se contó con el apoyo de helicópteros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, que trasladaron e ingresaron al personal a la quebrada donde se realizaba la actividad ilícita.
En la operación se destruyeron diez máquinas excavadoras, una planta de beneficio de mineral, tres quemadores artesanales, once motores, 18 campamentos, 15 motovibradores, 10.000 metros de manguera, 20 barriles de plástico, 25.000 galones de diésel, ocho generadores eléctricos, 200 colchones, nueve antenas satelitales y seis congeladores entre otros instrumentos.
Adicionalmente, se procedió con la destrucción de un kilómetro camino no autorizado "que facilitaba la trata de personas, el tráfico de bienes y la salida ilícita de minerales hacia territorio ecuatoriano".
Precisó que los mineros ilegales se adentraron a la jurisdicción del gobierno regional autónomo Awajún, y según detallaron las fuerzas de seguridad, había zonas degradadas después de la explotación del territorio.
"Este despliegue refleja la firme decisión del Gobierno de la presidenta Boluarte de combatir la minería ilegal en todo el territorio. No permitiremos que se atente contra nuestros recursos naturales ni se ponga en riesgo la seguridad de la población”, enfatizó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.