El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, confirmó a Canal N el fallecimiento de Castro, del cual se desconocen por el momento las causas.
Medios locales informaron que la Policía Nacional de Perú (PNP) encontró a Castro sin vida en su domicilio ubicado en el distrito residencial de Miraflores, donde se encuentran agentes y fiscales para investigar lo ocurrido.
Castro era el principal testigo de este caso de corrupción en el que también estaba presuntamente implicado, y por el que el Ministerio Público pide 25 años de prisión en su contra.
Pérez afirmó que su muerte podría afectar el desarrollo del juicio, cuyo inicio estaba programado para el 23 de septiembre.
El fiscal anticorrupción relató que el exgerente municipal acudió la semana pasada a las oficinas del equipo Lava Jato, y más allá de estar algo preocupado por el inicio del juicio, no expresó preocupación por su seguridad.
Además, expuso que la norma penal permite utilizar las declaraciones escritas del ahora fallecido colaborador y señaló que esperan que estas supongan un "valioso aporte", pues Castro era señalado por el Ministerio Público como el segundo a cargo de la presunta organización criminal que supuestamente lideraba Villarán.
Pérez sostuvo que si la muerte de Castro fue un homicidio, se evaluará reforzar la seguridad de otros testigos y personas protegidas en el juicio.
"Esto debe ser una alerta para que los procesos de gran corrupción se realicen de forma más oportuna y continua”, declaró Pérez al criticar la gran demora para el inicio del juicio, pues los actos de presunta corrupción que serán juzgados ocurrieron en 2013 y 2014.
El 5 de noviembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra Villarán, 20 personas naturales y 10 personas jurídicas, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros.
El caso está referido a una serie de hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS a las campañas de revocatoria en 2013 y la reelección municipal de 2014.
Entre las personas naturales están, además de Castro, los exfuncionarios municipales, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otras.
Mientras que entre las empresas están Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, entre otras.
La Fiscalía pide 29 años de prisión para Villarán por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra su revocatoria en 2013 y la campaña electoral por su reelección en 2014.