La organización alertó, en un comunicado difundido este marte en su sitio web, que "con el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil".
"En este contexto, Amnistía Internacional nombra hoy como personas presas de conciencia a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez", y "exigimos su liberación inmediata e incondicional", publicó AI.
“Estas detenciones no son hechos aislados. Forman parte de un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública", afirmó Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, según el comunicado.
Callamard apuntó que "el recrudecimiento de este patrón en las últimas semanas es una clara señal de alerta sobre la velocidad con la que el gobierno de Nayib Bukele está desmantelando el espacio cívico”.
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“Al nombrar a Ruth, Alejandro y José Ángel como personas presas de conciencia, Amnistía denuncia la represión de Nayib Bukele y expresa su solidaridad con la comunidad de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en El Salvador", agrega.
López -una de las voces más críticas del Gobierno de Bukele, fue detenida el pasado 18 de mayo y enfrenta un proceso penal por supuesto enriquecimiento ilícito. Henríquez -también defensor ambientalista- y Pérez -pastor evangélico y jornalero- fueron detenidos el 13 de mayo tras participar en una concentración pacífica para evitar el desalojo de una comunidad.
El joven abogado y el líder comunitario enfrentan a la Justicia salvadoreña por los delitos de resistencia y desórdenes públicos.
De acuerdo con AI, la designación como persona prisionera de conciencia se basa en un riguroso análisis de las circunstancias de la detención.
Este estatus, señala la organización, se otorga a quienes han sido privadas de libertad exclusivamente por expresar pacíficamente sus ideas, ejercer sus derechos o por motivos relacionados con su identidad -como su origen étnico, religión, orientación sexual u otras características protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos-, sin haber recurrido a la violencia ni incitado al odio.
Amnistía Internacional y organizaciones locales de derechos humanos han advertido de manera reiterada sobre "la situación volátil y el aumento de los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y las voces críticas, dadas las prácticas autoritarias del presidente Bukele y la instrumentalización del régimen de excepción para criminalizarlas".
“El Salvador atraviesa un punto de quiebre. La sumisión del poder judicial y la aprobación de reformas regresivas han permitido al gobierno de Bukele construir una arquitectura institucional y normativa diseñada para legalizar el control, la represión y la criminalización de la pobreza y la disidencia", afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de AI.