El fiscal adjunto de la División Civil del DOJ Brett A. Shumate ha enviado un memorando en el que advierte que su oficina “priorizará y promoverá al máximo” los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas.
El memorando con fecha 11 de junio, citado por NBC, instruye a los fiscales de esa división “promover” la tramitación de todos los casos viables de desnaturalización, manteniendo la integridad del sistema de naturalización.
El DOJ detalla diez infracciones por las que se puede revocar la ciudadanía a las personas naturalizadas, que van desde fraude hasta crímenes de guerra.
Las personas que representan un peligro potencial para la seguridad nacional, incluyendo a aquellas con vínculos con el terrorismo, el espionaje o que participaron en torturas, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos, hacen parte de las prioridades.
También se incluyen procesos contra personas que promovieron o fomentaron las actividades de bandas criminales transnacionales y carteles de la droga, así como los extranjeros que cometieron delitos graves que no se revelaron durante el proceso de naturalización.
Además, el DOJ abrió un frente contra los ciudadanos naturalizados que participaron en diversas formas de fraude financiero, incluyendo delitos contra el programa de seguro público Medicaid.
Pero el memorando también establece que se evaluará “cualquier otro caso” remitido a la División Civil que se considere lo suficientemente importante como para investigarlo, otorgando a los fiscales del DOJ mayor discreción sobre cuándo iniciar procesos de desnaturalización.
Organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL) han condenado la vaguedad y el amplio alcance de la directiva.
“La iniciativa de la Administración Trump de revocar la ciudadanía es alarmante y plantea serias preocupaciones en relación con la Decimocuarta Enmienda”, declaró el presidente de la NACDL, Christopher Wellborn en un comunicado de prensa.
El abogado dijo que la redacción del memorando “sugiere” que cualquier delito, en cualquier momento, puede utilizarse para justificar la desnaturalización.
“No es difícil imaginar un escenario en el que el gobierno invoque alegaciones infundadas de afiliación a pandillas… para alegar que la ciudadanía se obtuvo ilegalmente. La amenaza al debido proceso, especialmente sin la garantía de representación legal, es incalculable”, puntualizó.