Quintanilla explicó, en declaraciones a periodistas de medios locales, que se ha solicitado a la Fiscalía General de la UES que "haga un análisis al respecto", ya que "hay preocupación en la cooperación internacional".
Señaló que él se ha reunido con "varios" representantes de la cooperación y "están a la expectativa de cuál va a ser el impacto" de la ley.
"Para nosotros, por supuesto, si eso sucede (impacto) afecta a la universidad, tomando en cuenta que esta casa de estudios superiores funciona a través de la gestión de proyectos de la cooperación internacional que en el año 2024 nos permitió tener la posibilidad para invertir en equipo, movilidad académica e investigación", apuntó.
La UES recibe el menor presupuesto anual entre las instituciones públicas de educación superior en Centroamérica.
El presupuesto asignado a la UES en 2025 asciende a 125,75 millones de dólares, frente a los 132,47 millones de 2024, lo que implica una baja del 5 % para la única universidad pública salvadoreña.
El rector de la UES añadió que "con este análisis queremos corroborar y que la Fiscalía nos dé un contexto" y "en caso que nos afecte hacer una petición a la Asamblea (Legislativa) para que se hagan modificaciones a la ley".
Por iniciativa del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó el pasado 20 de mayo la ley en mención, que grava con un impuesto del 30 % las donaciones internacionales, sean para personas naturales o jurídicas.
La normativa ha sido rechazada y organizaciones no gubernamentales de diferentes países consideran que representa “una amenaza directa” a la sociedad civil y a la prensa independiente.
El presidente Bukele, por su parte, defendió el pasado 1 de junio la aprobación de dicha ley, que ha sido comparada con legislaciones similares usadas por países como Nicaragua para cerrar organizaciones.
"Hace unos días esta Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros: es una ley para proteger la cooperación internacional", sostuvo Bukele en su discurso de primer año de su segundo mandato consecutivo, prohibido por la Constitución.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a inicios de junio pasado al Estado de El Salvador a derogar la ley, porque puede afectar la "sostenibilidad financiera de las organizaciones y medios de comunicación" que "actúan en defensa de derechos humanos".