El descontento fue expresado en comunicados y en dos ruedas de prensa por la Federación Nacional de Empleados de los Consejos Provinciales del Ecuador (Fenacope), el Frente Popular (FP), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación Médica Ecuatoriana (FME).
Tanto el Frente Popular como la UNE marcharon este miércoles hasta el Ministerio de Trabajo, en Quito, en señal de protesta.
"Los trabajadores de los municipios y las empresas municipales se movilizarán en rechazo a esta ley", declaró en una rueda de prensa el presidente del FP, Nelson Erazo, quien también adelantó que buscarán una reunión con la ministra de Trabajo para exigir un incremento salarial y el respeto a los derechos laborales.
Según Erazo, la Ley de Integridad Pública afecta a los trabajadores, a los servidores públicos y a los funcionarios de las empresas públicas.
Por su parte, la Federación Médica de Ecuador explicó en una rueda de prensa que no descarta acudir a la Corte Constitucional para demandar la nueva norma, que consideran que "impacta" en la "estabilidad laboral del personal sanitario". La UNE ya presentó una demanda de inconstitucionalidad.
La organización también rechaza los "cambios en las condiciones de jubilación y compensaciones económicas". Por ello, su presidente, Santiago Carrasco, anunció que barajaban manifestarse en la calle, aunque sin fecha ni hora definidas aún.
Puntos polémicos
La Ley Orgánica de Integridad Pública, que entró en vigor el pasado 26 de junio tras ser publicada en el Registro Oficial (boletín oficial del Estado), establece que "la estabilidad" laboral de los funcionarios estará condicionado "a resultados mediante procesos de evaluación".
Estos calificarán el trabajo de los empleados con atributos como "irregular", "satisfactorio" o "excelente".
En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, señaló que al Ejecutivo central "no le preocupa" que los "funcionarios ineficientes estén preocupados" sobre la puesta en marcha de la ley.
La misma norma, impulsada por el presidente Daniel Noboa, también establece el endurecimiento de penas contra menores de edad; una medida que causó preocupación en Unicef, que calificó la norma de "reformas regresivas al sistema penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes".