El Ayuntamiento de la ciudad española hizo llegar a la plataforma un nuevo convenio que fija las normas de funcionamiento que, según señaló a la prensa la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, debe servir "para avanzar y no para dar un paso atrás".
Por ello, al Ayuntamiento no lo va a negociar y da 15 días a Airbnb para aceptar el nuevo convenio.
Si lo rechaza o no responde, estudiarán "todas las acciones por la vía civil, administrativa o penal que correspondan" para garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de acceso a la vivienda.
España vive una fuerte crisis de vivienda residencial, con una demanda muy superior a la oferta, y entidades sociales y algunos ayuntamientos lo atribuyen al turismo de masas y la proliferación asociada de viviendas particulares de alquiler de temporada en lugares como las grandes capitales y las zonas costeras.
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El nuevo convenio da a Airbnb 48 horas para desactivar los anuncias ilegales, que no se podrán volver a publicar y, en casos de infractores reincidentes o presuntos estafadores, la eliminación sería inmediata.
La medida llega después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya detectado un retraso creciente en la retirada de pisos ilegales en la plataforma de Airbnb.
También establece que la plataforma deberá facilitar al Ayuntamiento datos básicos de los anunciantes para establecer medidas de verificación de su identidad, la titularidad de las propiedades y la autenticidad de la información facilitada.