El alcalde Ozgür Kabadayı fue arrestado junto a varios trabajadores municipales por agentes del cuerpo de policía financiera, provocando una reacción de protesta del CHP, el partido socialdemócrata que lidera la oposición en Turquía.
Aún no se han hecho públicos los cargos contra él, pero el diario Hürriyet afirma que se le está investigando por supuestos delitos de establecimiento de una organización con el fin de cometer un delito, extorsión, soborno y amaño de licitaciones públicas.
"No queremos acostumbrarnos a despertarnos cada mañana con estas ridículas investigaciones. Nuestros alcaldes sufren acoso judicial", declaró a la emisora Halk TV Ali Mahir Başarır, viceportavoz del grupo parlamentario del CHP.
Başarır aseguró que en Turquía rige un "régimen mafioso" en el que primero se detiene a la gente para manipular a la opinión pública y luego se intenta recabar pruebas que justifiquen los arrestos.
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"Todo el mundo sabe que estas investigaciones tienen una motivación política. Todas las instituciones consideradas de la oposición están amenazadas. Ni siquiera durante los periodos golpistas vimos nada parecido", añadió Başarır.
Con este arresto son ya 17 los alcaldes del CHP detenidos por distintos motivos desde las elecciones locales de marzo de 2024, en las que este partido se impuso con el 37,8 % de los votos al AKP de Erdogan.
Además, diez alcaldes del DEM, el partido progresista que defiende los intereses de la minoría kurda, han sido destituidos bajo acusaciones de colaboración con una banda terrorista.
El arresto que más controversia y protestas ha provocado fue el del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, el pasado 19 de marzo acusado de corrupción.
El regidor de la metrópolis turca afronta otras causas judiciales por acusaciones de colaboración con una banda terrorista y por haber supuestamente falsificado su título universitario.
Imamoglu ha sido designado por el CHP como candidato para enfrentarse a Erdogan en las elecciones presidenciales previstas para 2028.
Según una reciente encuesta, el 60 % de los ciudadanos cree que estos juicios tienen una motivación política y el 79,1 % piensa que Turquía tiene un problema de Justicia.