Isaiah Anthony Hodgson, de 29 años, está acusado de tres delitos graves por los hechos ocurridos el pasado 7 de julio en la ciudad de Long Beach, ubicada en el condado de Los Ángeles.
El agente migratorio enfrenta cargos por resistirse a un oficial de la ley, un delito grave por agresión con lesiones a un agente del orden público y un delito menor por llevar consigo un arma de fuego cargada.
Hodgson se encontraba presuntamente fuera de servicio, ebrio y armado con una pistola mientras se encontraba en un restaurante cuando entró al baño de mujeres, donde se acercó a una clienta que vio que tenía la pistola cargada.
Poco después de que la mujer alertara al gerente del restaurante de que estaba armado y en el baño de mujeres, el hombre abandonó el lugar.
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Afuera, en el estacionamiento, un guardia de seguridad se acercó a Hodgson y lo vio sosteniendo un cargador junto con un arma de fuego en la cintura. Presuntamente, le pidió varias veces que se fuera, informándole que no se permitía este tipo de armas en el establecimiento.
Agentes de la Policía de Long Beach acudieron al restaurante tras recibir una llamada sobre una persona armada. Al llegar, observaron a Hodgson ebrio y reacio a cooperar con sus órdenes mientras intentaban detenerlo. Al resistirse al arresto, Hodgson se alteró y atacó a los agentes, hiriendo a uno de ellos, según documentos judiciales.
El fiscal de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, dijo en un comunicado que “nadie está por encima de la ley”, independientemente de su cargo o placa.
“Los agentes del orden público tienen la responsabilidad de comportarse siempre con integridad y profesionalismo. Nuestra fiscalía iniciará los procedimientos correspondientes para garantizar que se haga justicia”, añadió.
Un tribunal de Los Ángeles ha ordenado que Hodgson no puede cargar armas de fuego, no salir del estado de California y asistir al menos a tres sesiones de terapia contra el alcohol a la semana para ser liberado bajo fianza.
Si es declarado culpable, Hodgson enfrenta una posible pena máxima de siete años en una prisión estatal.
Los agentes de CBP y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han enfrentado críticas por el uso de fuerza excesiva y de supuesto perfil racial en las redadas migratorias.