El juez Santiago Pedraz investiga la causa por la financiación del grupo terrorista independentista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), que durante las décadas que estuvo activo en España asesinó a 856 personas, a través de las herriko tabernas -bares controlados por el entorno político de la banda-.
Aunque el juicio por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas arrancó en 2013 y se saldó con 20 condenados, por aquel entonces Josu Ternera se encontraba huido de la Justicia.
Josu Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, fue detenido en Francia en mayo de 2019, a los 69 años, donde se le intervinieron una serie de documentos relacionados con la organización de la banda terrorista.
En la actualidad, vive en Francia en régimen de libertad bajo control judicial, aunque España lo reclama desde su captura para juzgarlo por varias causas, entre ellas la de un atentado contra una casa cuartel de la Guardia Civil en 1987 en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños.
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Su extradición a España está pendiente de otro juicio en Francia por su presunta implicación en la actividad de la banda terrorista en el país galo entre 2002 y 2005.
En mayo del pasado año, el juez Pedraz acordó declarar concluso el sumario sobre la financiación de ETA, pero la asociación Dignidad y Justicia, dirigida por el hijo de un fiscal asesinado por el grupo terrorista, pidió incorporar las pruebas de la documentación requisada en Francia a esta causa y revocar la conclusión del sumario para ampliar el procesamiento de Josu Ternera.
El pasado 26 de junio, la Audiencia Nacional accedió a la petición y pidió a Pedraz dictar un nuevo procesamiento.
"Máximo dirigente" de ETA
Ahora, y a la vista del análisis de la documentación que le fue intervenida en Francia, para el magistrado "se corrobora al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA".
Por ello acuerda en un auto, al que tuvo acceso EFE, procesar a Ternera por el delito de dirección de organización o grupo terrorista.
A la vista de los documentos que tenía consigo en Francia, Pedraz no duda de la condición de dirigente del procesado porque, según señala, la tenencia de esos documentos "estaba únicamente al alcance del reducido y muy restringido número de integrantes de ETA, que han de considerarse como sus entonces dirigentes".
Asimismo, añade, "no de otro modo puede entenderse que haya intervenido en nombre de la organización en las reuniones con representantes del gobierno de España. No se explica de otro modo, finalmente, que fuera la persona llamada a anunciar en nombre de ETA su disolución”.