Las pesquisas fueron asumidas por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la provincia de Caravelí, luego de la muerte de una persona "en proceso de identificación" en el distrito de Chala.
"Ante ello, un equipo liderado por el fiscal provincial Marcos Camacho Correa, así como los fiscales adjuntos provinciales Yolanda Martínez Ríos y Wilfredo Sánchez Vera, acudió a la zona donde también se reportó la detención de ocho personas", precisó el comunicado.
En ese sentido, se dispuso la realización de "diligencias urgentes", como la necropsia para determinar la causa del deceso, la toma de declaraciones a los testigos y la verificación de las actas de las intervenciones a los detenidos.
Sobre estos últimos, señaló que se determinará "si corresponde abrirles investigación por el delito de entorpecimiento del transporte público".
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La muerte del ciudadano, así como las heridas que sufrieron otras seis personas, fue confirmada este viernes a medios locales por el gerente regional de salud de Arequipa, Walter Oporto.
El funcionario señaló que la víctima mortal fue un hombre que resultó herido en el pecho por un objeto aún no precisado, durante los choques que se presentaron en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito costero de Chala.
Agregó que otros seis adultos resultaron heridos, entre ellos tres miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), y que también hubo niños afectados por los gases lacrimógenos lanzados por los agentes antidisturbios.
Posteriormente, la PNP confirmó que los enfrentamientos en Chala dejaron a tres agentes heridos, pero añadió que otros cuatro policías también quedaron heridos durante una intervención contra manifestantes que bloqueaban la Panamericana Sur a la altura de la localidad de Nazca, en la región vecina de Ica.
Tras la intervención policial, que permitió despejar la zona y retomar el tránsito normal de vehículos a la altura del kilómetro 619 de la Panamericana Sur, se reportó la detención de al menos tres personas acusadas de participar en las manifestaciones.
La vía había sido bloqueada, por tramos, durante la última semana por mineros informales que protestan en diferentes localidades del país, incluida Lima, por la decisión del gobierno de excluir a 50.000 inscripciones del registro oficial que permite sus labores mientras se formalizan, un trámite que solo estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre.