"El Gobierno italiano, con ánimo colaborador y constructivo, responderá a las aclaraciones pedidas tal y como ya ha hecho en sede judicial ante el Tribunal Administrativo con los términos y motivos ya considerados legítimos por los jueves", se lee en un comunicado del Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni.
La Comisión Europea ha considerado que Italia incumplió las normas comunitarias sobre fusiones imponiendo condiciones adicionales a la adquisición de BPM por parte de Unicredit y ha iniciado una fase de intercambio con Roma antes de valorar "próximos pasos".
Bruselas ha enviado una carta a Roma exponiendo las conclusiones "preliminares" de su investigación y un portavoz comunitario subrayó que "la pelota está ahora en el tejado" del Gobierno italiano, que debe explicar el decreto que impuso condiciones adicionales y que ha sido anulado parcialmente por un tribunal nacional.
Italia se valió de un artículo de las normas comunitarias que permiten a los Estados miembros evaluar concentraciones para "proteger intereses legítimos", pero Bruselas subraya que estas medidas debe ser "compatibles con los principios generales" del Derecho europeo, adecuadas, proporcionadas y no discriminatorias.
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Entre las condiciones exigidas por el Ejecutivo italiano con el uso de la llamada 'acción de oro' ('golden power') está la salida de Unicredit del mercado ruso, donde sigue operando como uno de los pocos bancos occidentales activos tras la invasión de Ucrania en 2022.
Este fin de semana, el Tribunal Administrativo Regional del Lacio ha acogido parcialmente un recurso presentado por Unicredit contra las condiciones impuestas por el Gobierno italiano a esta compra.
Entre otras cosas, dicho tribunal ha considerado desproporcionada la exigencia de que Unicredit, tras la compra del cuarto banco italiano, no cambiara la relación entre los préstamos que concede y los depósitos que posee entre sus clientes.
Asimismo, tampoco ha amparado la exigencia de que Unicredit y BPM mantuvieran invariadas sus inversiones en grandes obras públicas ya que el Gobierno de Meloni no había especificado un arco temporal.
Mientras el banco dirigido por Andra Orcel se enfrenta al Gobierno para lograr comprar BPM, la operación expirará el próximo 23 de julio.