Cuerpo se pronunció así antes de una comparecencia en el Senado español después de conocerse que la Comisión Europea abrió hoy jueves un procedimiento de infracción a España por considerar que las leyes que utilizó el Ejecutivo para poner más condiciones al BBVA para autorizar la opa infringen varias normas comunitarias.
El ministro aseguró que colaborarán con la CE y le darán toda la información y aclaraciones necesarias desde el punto de vista técnico, normativo y legal.
Insistió en que la propia operación de la oferta pública de adquisición de acciones (opa) del BBVA al Sabadell, la primera de este tipo en España, sigue su curso y añadió que el Gobierno español espera que, al final, prevalezca su posición tanto legal como técnica.
Además, aseguró que las dos leyes cuya utilización en este caso cuestiona la CE están perfectamente alineadas con la normativa europea.
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Por eso, anunció que el Ejecutivo trabajará junto a la CE en los próximos meses, a la vez que espera que el procedimiento abierto por la Comisión "pueda concluir de manera satisfactoria para todos".
La CE comunicó este jueves a España el inicio de un procedimiento de infracción por el desalineamiento de la normativa doméstica española con la europea, en concreto la Ley de Solvencia Bancaria, que data de hace más de diez años, y la Ley de Defensa de la Competencia, que es de hace quince.
El Ejecutivo comunitario cree que España está infringiendo las disposiciones de los Tratados de la UE que garantizan la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.
El BBVA lanzó en mayo de 2024 una opa sobre el Sabadell y a finales de abril de este año, tras un análisis exhaustivo del impacto que podría tener esta operación de concentración, recibió el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el regulador bursátil en España, sujeto a una serie de obligaciones por el comprador.
Sin embargo, el Gobierno tenía opción a revisar estos compromisos e imponer condiciones adicionales con el argumento de defender el interés general, lo que le llevó a aprobar la posible concentración siempre que las dos entidades mantengan su independencia al menos tres años.