El reporte difundido por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, en inglés), que se encarga de vigilar el estado de la cuenca amazónica a través de imágenes satelitales, incidió en el incremento de la deforestación por minería incluso en zonas cercanas a zonas urbanas y dentro de áreas de protección hídrica.
La investigación, que comprende el periodo 2017–2024, se enfoca en el estudio de cuatro cuencas prioritarias: los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y el sistema Puní–Cotona–Arajuno.
Por ejemplo, en el caso del río Jatunyacu se contabilizaron 502 hectáreas perdidas a causa de la minería, muchas de ellas en cercanías de la ciudad de Tena y fuera del registro oficial minero.
De forma similar, se registraron 635 hectáreas afectadas en el río Anzu, con un 15 % fuera del catastro.
En el río Huambuno la superficie deforestada por minería alcanzó las 492 hectáreas, de las cuales el 23 % carece de permisos.
También contabilizaron 112 hectáreas en el sistema Puní–Cotona–Arajuno, donde el 99 % de las actividades detectadas no posee autorización legal.
El reporte del MAAP, elaborado como parte de una colaboración estratégica entre Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, señaló que este último caso es particularmente alarmante debido al crecimiento acelerado de la minería en una zona que antes no presentaba intervención.
A raíz de estas prácticas, el informe advierte sobre la pérdida de vegetación ribereña, la apertura de caminos ilegales, la contaminación de fuentes hídricas con metales pesados como el mercurio, y el aumento de tensiones sociales con comunidades indígenas y locales, entre otros efectos.
"La cercanía de estas operaciones a nacientes clave compromete seriamente la integridad de los ecosistemas y la salud de la población, socavando opciones sostenibles como el turismo ecológico y la producción agrícola comunitaria", indicó también el informe.
Con el fin de mitigar estos daños ambientales, los autores proponen varias acciones dirigidas a las políticas públicas, entre las que se incluyen el refuerzo del monitoreo ecológico, la aplicación estricta de sanciones judiciales y administrativas a quienes impulsen o toleren la minería no autorizada.
También se plantea establecer franjas de exclusión minera de 100 metros alrededor de cuerpos de agua, incorporar zonas de resguardo hídrico y corredores ecológicos en los planes territoriales de los gobiernos locales, y reformar la normativa ambiental para reducir a 1 kilómetro el umbral para exigir estudios de impacto ambiental en la construcción de nuevas vías dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica.
Finalmente, el documento realiza un llamado urgente a crear categorías de protección hídrica obligatorias para ríos con alto valor ambiental y cultural, así como desarrollar planes de gestión participativos que aseguren los derechos de las comunidades a decidir sobre su entorno.
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.