"Quiero destacar que esta es una decisión exclusiva del Órgano Judicial, que es independiente del Ejecutivo. Quiero ser claro, esto no tiene el aval ni es una decisión del poder Ejecutivo", afirmó Mulino durante su conferencia de prensa semanal.
Añadió que, a título "muy personal", no comparte la medida adoptada por el pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema sobre la jubilación especial, "no con ánimos de bronca con nadie, sino" porque "no es el momento para este tipo de decisiones".
"Tenemos limitaciones presupuestarias grandes y estamos haciendo un gran esfuerzo para explicarlas y para que se tenga claro que la contención en el gasto no es un capricho de nadie, es una necesidad del país, que pasa por sacrificios", resaltó.
El Supremo de Panamá desató una crisis tras conocerse que aprobó, hace más de un año, un acuerdo, publicado el pasado viernes en la gaceta oficial, que crea un fondo de compensación que garantiza a los magistrados del pleno una jubilación con "el 100 % de la suma correspondiente al último salario devengado", que actualmente, y tras un aumento de 4.000 dólares aprobado por ellos mismos en el 2024, es de 14.000 dólares mensuales, casi 20 veces el salario promedio del país.
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En el caso del pleno del Supremo, dice el Acuerdo 407, "la Caja del Seguro Social asumirá el límite de las pensiones que de acuerdo con la ley le corresponde al magistrado o magistrada y el resto deberá ser cubierto por la institución", es decir, por el presupuesto del Órgano Judicial que es producto de la recaudación fiscal o de más deuda pública.
El Acuerdo establece además que la jubilación para los magistrados de los tribunales superiores será igual al 60 % "de la diferencia del último salario devengado, una vez deducido el límite de jubilación" del seguro social, mientras que en el caso de los jueces de distrito será del 50 % y los jueces municipales del 40 %.
Esta jubilación especial generó un amplio rechazo en la opinión pública y fue tildada por expertos y diputados como inconstitucional por varias razones, entre ellas que este asunto solo se puede abordar mediante una ley, algo que solo puede hacer el Parlamento, y que viola el artículo que reza que no puede haber "fueros y privilegios" entre los panameños.
"Yo soy jubilado y cobro lo que la ley establece en función de lo que ahorré en el tiempo, en el viejo sistema, menos las cuotas que se me perdieron. Y me iré aquí con ese sueldo y sin ningún privilegio de pensión", comentó este jueves el presidente Mulino.
El Supremo decidió el pasado martes "suspender" la jubilación especial solo para los nueve magistrados del pleno, lo que acentuó las críticas en su contra y la exigencia de que el Acuerdo 407 debe ser eliminado en su totalidad.