Charité Banza Bavi, presidente de la sociedad civil de Bahema Norte, en el territorio de Djugu, donde ocurrió la incursión, explicó a EFE que el balance sigue siendo provisional y que varias personas continúan desaparecidas.
Advirtió además que el número de víctimas podría aumentar cuando los trabajadores humanitarios, las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y la sociedad civil logren acceder a la selva, adonde fueron llevados la mayoría de los habitantes.
"Tenemos una pérdida de vidas humanas inútil. Condenamos este acto e interpelamos a estos milicianos de la Codeco sobre su motivación para matar a pobres civiles", dijo Bavi.
Bavi denunció asimismo que la situación de seguridad en el territorio de Djugu es "muy preocupante", pues la población civil ya no se atreve a volver a la selva para retomar sus actividades agrícolas.
Desde 2022, varias zonas de Ituri sufren una escalada de ataques, muchos de ellos perpetrados por Codeco, que dice representar a la comunidad lendu (de agricultores) y que se formó en 2018 para combatir los abusos del Ejército.
Los últimos ataques se produjeron dos meses después de que seis milicias que operan en Ituri -incluyendo a Codeco- firmaran un nuevo acuerdo de cese de las hostilidades.
Los otros firmantes fueron el Frente Popular de Autodefensa de Ituri (FPAC-Zaire), la Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo (FPIC), el Frente de Resistencia Patriótica de Ituri (FRPI), el Movimiento de Autodefensa Popular de Ituri (MAPI) y Chini Ya Tuna.
A pesar de este pacto, la violencia persiste en la provincia, donde la población vive aterrorizada por estos grupos y otros como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia con vínculos difusos con el Estado Islámico que no formó parte de estos diálogos.
Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (Monusco).