Según recogieron medios locales a última hora del viernes, el auditor general de las Fuerzas Armadas de la RDC -una especie de fiscal-, el general Lucien René Likulia, describió a Kabila como el autor intelectual de la violencia cometida por el M23, incluyendo asesinatos, violaciones y torturas, entre otros.
Kabila, que está siendo juzgado in absentia por el Tribunal Militar Superior, en la capital, Kinsasa, se enfrenta a cargos de traición, participación en un movimiento insurreccional, crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, homicidio intencional, violación y tortura.
Además de la pena capital, Likulia también solicitó veinte años de prisión por apología de crímenes de guerra, quince años por complot, su detención inmediata y la confiscación de sus bienes.
El Senado de la RDC (Cámara alta del Parlamento) decidió el pasado 22 de mayo retirar la inmunidad de Kabila, tal como había solicitado la Fiscalía militar, por su supuesto apoyo al M23, que cuenta con el apoyo de la vecina Ruanda, según han confirmado las Naciones Unidas y varios países.
Al día siguiente, Kabila, que ostentaba el cargo de senador vitalicio, denunció en un discurso a la nación emitido desde una localización desconocida la "deriva autoritaria" y el "colapso de las instituciones" del país.
En paralelo, el Gobierno congoleño suspendió a mediados del pasado abril las actividades de la formación política de Kabila -el Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD)- y ordenó la incautación de sus bienes muebles e inmuebles, también bajo la acusación de colaborar con el M23.
El expresidente, de 54 años, estuvo fuera de la RDC desde finales de 2023, principalmente en Sudáfrica, pero en abril pasado declaró que regresaría para ayudar a encontrar una solución a la crisis en el este.
Las perspectivas de una salida negociada del conflicto se han reactivado recientemente con la firma en Washington el pasado 27 de junio de un acuerdo de paz a nivel ministerial entre la RDC y Ruanda, mientras el pasado 19 de julio el M23 y el Gobierno congoleño rubricaron en Doha una declaración de principios para poner fin a la violencia, si bien el grupo rebelde se niega a continuar con estas conversaciones hasta que Kinsasa libere a sus prisioneros.