Dodik fue condenado en firme el 1 de agosto a un año de prisión y a seis años de inhabilitación para ejercer cargos políticos por desobedecer las decisiones del Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina y del alto representante internacional para ese país, Christian Schmidt.
A mediados del mes el Tribunal de Bosnia-Herzegovina aceptó la petición de Dodik de pagar una multa, de alrededor de 18.500 euros, para evitar cumplir esa pena de cárcel.
Como consecuencia de esa sentencia, el 18 de agosto el tribunal rechazó el recurso de Dodik y dio por terminado su mandato como presidente de RS. A partir de esa fecha, la Comisión Electoral Central debe convocar elecciones para un nuevo presidente en un plazo máximo de 90 días.
El Parlamento serbobosnio rechazó en una votación a última hora del viernes todas esas decisiones y llamó a Dodik, que ya había anunciado que "no se retirará", a "continuar ejerciendo el cargo de presidente de RS".
La pregunta a la que los ciudadanos contestarán en el referendo, según decidió el Parlamento, es la siguiente: "¿Acepta las decisiones del extranjero no electo Christian Schmidt y el veredicto del Tribunal inconstitucional de Bosnia-Herzegovina contra el presidente de la República Srpska, así como la decisión de la Comisión electoral central de revocar el mandato del presidente de la República Srpska, Milorad Dodik?".
La delegación de la UE en Bosnia-Herzegovina, así como la embajada de Reino Unido en Sarajevo, advirtieron hoy de que la celebración del referéndum sería ilegal y contraria al Estado de derecho.
"El veredicto emitido por el Tribunal de Bosnia-Herzegovina en el caso de Milorad Dodik es definitivo y vinculante, y debe ser respetado. Someter una decisión judicial a votación pública es contrario al Estado de derecho y a la independencia de las autoridades judiciales", advirtió la misión diplomática europea en la red social X.
La UE pidió que las autoridades de RS respeten la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional y legal de Bosnia-Herzegovina.
El embajador británico, Julian Riley, evaluó que "un referéndum sobre cualquier veredicto judicial o el desacato del ese veredicto es ilegal y atenta contra el Estado de derecho y el orden constitucional".
Las autoridades secesionistas de RS no reconocen a Schmidt como legítimo alto representante, alegando que su nombramiento no fue confirmado por el Consejo de Seguridad de la ONU debido al rechazo de Rusia y China, argumentos que fueron rechazados como no válidos también por el secretario general de la ONU, António Guterres.
Tampoco reconocen a los tribunales centrales bosnios y desde febrero no permiten la actuación de la policía central bosnia en territorio de la RS, la mitad del país.
Según han señalado los expertos jurídicos de Sarajevo, la Constitución vigente no prevé la posibilidad de que las entidades convoquen de forma independiente referendos sobre las decisiones de las instituciones estatales.
El Parlamento de RS decidió anoche también preparar un proyecto de resolución sobre la "autodeterminación del pueblo serbio y de la República Srpska", algo que la Constitución tampoco prevé tratándose de las entidades del país.
Dodik, que lleva años amenazando con la secesión de RS de Bosnia-Herzegovina y su unión con Serbia, repetía en su discurso durante el debate parlamentario que la convivencia con los bosniomusulmanes, el pueblo mayoritario del país, no es posible y tachó una treintena de veces como "idiota" a un diputado opositor que abogó por un acuerdo con las autoridades centrales bosnias.
Desde el fin de la guerra (1992-1995), Bosnia-Herzegovina funciona con un débil poder central definido por los Acuerdos de paz de Dayton, que dividieron el país en dos entidades autónomas con amplias competencias -la Federación bosniaco-croata y la República Srpska— más el distrito de Brcko, con una presidencia tripartita y la supervisión del alto representante internacional.