Rivas relató en una conferencia de prensa que el hostigamiento contra Alfaro, quien también era directora ante la Junta de Vigilancia Electoral, comenzó de "forma sutil" pero incrementó se agravó.
"Es un hostigamiento que empezó de forma sutil, pero fue aumentando en frecuencia e intensidad desde redes sociales hasta el punto de tener visitas de la Policía en su casa. Ella está ya segura, ya no corre ningún peligro", dijo.
Sostuvo que estas visitas de agentes policiales se dieron "bajo pretextos poco creíbles" y que la situación "concluyó en un exilio forzado antes de que llegaran al último paso, que es encarcelar y generar cargos (penales) creados".
Relató que "ella tuvo que salir hace unas semanas" y que recibió ataques en redes sociales mediante la vulneración de sus cuentas y "suplantación de identidad".
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"Ella también denunció en sus redes sociales que había llegado la Policía" y su casa fue la única que visitaron en la zona, apuntó Rivas.
Agregó que "después de eso había cierta vigilancia, por lo cual se tomó la decisión" de salir del país.
De acuerdo con Rivas, este caso es similar al de críticos del Gobierno y defensores de derechos humanos detenidos en los últimos meses, que comienza con acoso, "llega la Policía y al final, con excusas y engaños, hacen que salgan y los arrestan".
"Estos ataque seguirán cada vez más fuertes, antes que se inicie la campaña electoral (para 2027). El objetivo es simple: eliminar cualquier opción de equilibrio para los salvadoreños", afirmó.
En julio pasado, organizaciones humanitarias revelaron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 130 activistas de derechos humanos y periodistas han tenido que salir de El Salvador en los últimos cinco años por su seguridad y para "proteger su integridad".
Ursula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés), dijo que "80 personas han salido tan solo en los últimos tres meses: al menos 33 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas, según datos de las organizaciones solicitantes y de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)".
Apuntó que "el éxodo de personas salvadoreñas se ha incrementado significativamente en los últimos meses" tras la detención de al menos cuatro defensores de derechos humanos.
Se trata del líder comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, la abogada anticorrupción Ruth López, y el abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya.