La decisión del Gobierno español se produce después de que los responsables de estos tres territorios solicitaran la declaración de contingencia acogiéndose a un decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros para la reubicación de los menores.
El mecanismo pretende aliviar los más que saturados servicios de asistencia de menores inmigrantes del archipiélago atlántico de las Canarias y de las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla, que sufren una fuerte presión migratoria desde hace años.
De esta forma, en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería.
La entrada en vigor, este jueves, del sistema de reparto obligatorio de menores inmigrantes no acompañados (menas) entre las regiones españolas ha acentuado el enfrentamiento entre la oposición conservadora del Partido Popular (PP) -que gobierna en buena parte las zonas afectadas- y el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez.
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De acuerdo con la normativa, en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería.
Aunque el PP cogobierna en Canarias y gobierna en Ceuta y Melilla, se opone a la medida y apuesta por un mayor control de fronteras para evitar la entrada de inmigrantes irregulares.