El presidente del Inpe, Iván Paredes, ordenó el traslado excepcional de los quince internos de la cárcel de Cajamarca por medidas de seguridad y en virtud del principio de autoridad, indicó esa entidad a cargo del control y la administración de las cárceles en el país.
En el traslado de los presos participaron sesenta agentes del Grupo de Operaciones Especiales del Inpe, treinta agentes del Grupo de Operativos Especiales de la Oficina Regional Norte Chiclayo y otros treinta de la región Lima.
Asimismo, en forma simultánea se realizó un operativo de requisa en los pabellones 1, 4, 5 y 7.
Los internos trasladados son presuntos cabecillas e integrantes de organizaciones criminales involucrados en delitos de extorsión, secuestro, robo agravado, sicariato y feminicidio agravado, que pertenecían a las bandas 'Gatilleros del Callao', 'Boca Seca de Bellavista', 'Los Malditos de Simón Bolívar' y 'Pumas de Paita', entre otras, según indicó el Inpe.
El director de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del Inpe, Alex Samamé, confirmó que se dispuso como acción inmediata el traslado de los internos, a raíz del motín, y para imponer el principio de autoridad en ese centro de reclusión.
La medida busca mantener el orden y la seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Cajamarca y contrarrestar actos ilícitos que se estarían organizando desde su interior, agregó la fuente oficial.
Según la resolución aprobada, la permanencia de los referidos internos genera un latente, inminente y grave riesgo de seguridad contra la población penal, personal de seguridad, instalaciones y comunicaciones de ese establecimiento penitenciario.
A raíz de los casos de extorsión que organizan las bandas criminales desde las cárceles, el Inpe realizó el sábado pasado un megaoperativo simultáneo en 68 penales del Perú para detener estos casos, entre otros actos ilícitos, además de incautar teléfonos móviles, drogas y armas blancas.
Asimismo, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció, al día siguiente, la reconstrucción de la cárcel en la isla El Frontón, ubicada a siete kilómetros de la costa central del país, un lugar que albergó en el pasado a presos por terrorismo y políticos, con el fin de resolver el hacinamiento de los penales.
La propuesta de Boluarte para albergar a 2.000 internos de alta peligrosidad en la isla El Frontón ha sido duramente criticada por expertos en materia penitenciaria por el escaso tiempo con que cuenta su gobierno para desarrollar una obra de esa magnitud, pues su gestión concluye en julio próximo, y el alto costo que significaría llevarla a cabo.